El Salvador se ve estremecido por una ola de violencia: doce homicidios diarios, que por acuerdo y compromisos de las pandillas criminales, están descendiendo a la mitad. Se trata de los “mareros”, que desde hace años siembran la intranquilidad en este país. El Presidente Mauricio Funes ha resuelto suscribir un acuerdo con ellos, a fin de devolver una paz relativa a los salvadoreños.
La Iglesia ha tenido un conspicuo papel de intermediación en este pacto. Los maras encerrados en la celebrada cárcel de Zacatraz están recuperando la libertad comprometiéndose a abandonar la violencia como una forma de vida y vocación.
Se trata acaso de un antecedente que el futuro gobierno de México- un PAN reformado o un PRI renacido – habrá de copiar después del conteo en las urnas ? Habrá traído el Papa este mensaje en su última peregrinación al país ?
Cabe especular. Aparentemente, las confrontaciones policiales con los grupos criminales cuando éstos los superan en armamentos y en organización no pueden continuar indefinidamente, sin comprometer la gobernabilidad del país. Y no es accidente que algunos gobiernos latinoamericanos están meditando sobre la legalización de algunas drogas, acaso para reducir su precio y los riesgos que implica.
El caso salvadoreño suscita reflexión, o por lo menos especulaciones. Algún género de compromiso con los grupos que hacen de la violencia un culto y una práctica cotidiana es indispensable, si se resuelve preservar la paz ciudadana y reducir la migración interna hacia ciudades que se consideran más seguras o mejor vigiladas. Por añadidura, los efectos en el turismo son altamente perjudiciales. Y la gobernabilidad misma tambalea.
Es probable que los candidatos mexicanos no son indiferentes a este acuerdo facturado en El Salvador. Hipótesis que no se antoja gratuita.