Mientras el sector automotriz atraviesa la crisis más profunda en toda su historia, el gobierno de Felipe Calderón responde con un programa de “chatarrización” para incentivar el mercado interno que, en principio, tendrá un presupuesto de 500 millones de pesos (unos 40 millones de dólares).

 

La idea es que la persona que quiera cambiar su auto usado, lo venda a 15 mil pesos que serán aportados por el gobierno, y no podrá comprar un vehículo que exceda los 160 mil pesos.

 

Para algunos representantes del sector con los que pude conversar, la respuesta del gobierno es tímida, insuficiente y tardía.

 

Primero, porque la crisis es más profunda de lo que parece (una caída en ventas del 31 por ciento y en la producción del 48 por ciento), así que un programa de renovación vehicular tiene que tener, al menos, montos más elevados (los industriales habían propuesto 25 mil pesos por auto y un tope de 250 mil pesos por auto nuevo, es decir, casi el doble).

 

Segundo, porque está mal enfocado. Vender una chatarra en 15 mil pesos quiere decir que la chatarra vale menos, para que resulte atractivo, ¿no?  Y quien tiene una chatarra de menos de 15 mil pesos circulando es muy probable que no haya tenido fondos para cambiar su auto antes y no es sujeto a crédito.

 

Tercero: esto va a provocar, inevitablemente, un mercado secundario de “coyotes” que anden a la caza de chatarras baratas para comprarlas y re-venderlas.

 

Por eso, los industriales, tanto armadores como distribuidores, no quitarán el dedo del renglón y quieren que el gobierno enfoque sus baterías en bajar la gran carga impositiva que existe en México para comprar y mantener un auto. Esto, dicen, es un verdadero incentivo a los consumidores ya que, por impuestos, los precios de los vehículos pueden elevarse entre un 30 y un 35 por ciento de su valor real.

 


Asistí este primero de septiembre al palacio de San Lázaro para el inicio de la sesión ordinaria del Congreso, y francamente me dio nostalgia por los informes de gobierno anteriores y que ya no volverán…

 Sé muy bien que era una ceremonia cuyo propósito se había desvirtuado por completo. Que en lugar de ser el día del congreso, que iniciaba sus sesiones ordinarias, se había convertido en el día del presidente, con discursos eternos y un culto desmedido a su figura.

 

Pero también es cierto que a mi generación le tocó vivir el informe del primero de septiembre de otra manera. Recuerdo las primeras interpelaciones al presidente Miguel de la Madrid, y las tantas que siguieron con Carlos Salinas, Zedillo, Fox y el pasado informe de Calderón.

 

Además los últimos seis o siete informes me tocó cubrirlos como periodista y cada uno era más interesante que el otro. Con la creatividad de los legisladores para sacar pancartas, máscaras o de plano para tomar la tribuna. Sí, muchos consideran que esto era una falta de respeto a la investidura presidencial. Pero olvidan que los legisladores, otro de los poderes del Estado, estaban en su sede y tenían el derecho de expresarse. En fin, en todo caso me parece que era una buena oportunidad para medir fuerzas y que las discusiones ríspidas y tensas se dan en cualquier parlamento que se ponga como ejemplo.  

 



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