Cada organización se comprometió a vigilar algunos compromisos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

Entre los aspectos a los que se les dará seguimiento se encuentran los subsidios a los energéticos que históricamente han sido mayores al presupuesto asignado para algunos programas sociales, como es el caso de Oportunidades.  También se vigilará el gasto en atención médica y medicamentos pues se han detectado compras con sobreprecios en más de 50 claves de medicamentos.

A los programas de subsidios, que en la actualidad son alrededor de 115, se les destinará cerca del 15% del gasto programable durante este año por lo que también se monitoreará su operación y los resultados que entregan a la ciudadanía.

El Programa de Reducción del Gasto 2010-2012 también estará en la mira del observatorio para conocer en qué se ahorrará y cuál será el destino de dicho ahorro.  Otro tema con la misma relevancia será la evaluación de los programas y recursos asignados a seguridad pública, pues en los últimos años el gasto por este concepto ha crecido más de 10 veces y, ante la carencia de una clara estrategia de seguridad, no sabemos cuáles son los resultados: no sabemos la cantidad y calidad del personal con el que se cuenta ni el armamento del que dispone, por ejemplo.

También se dará seguimiento a los programas y resultados en materia de igualdad de género, a los recursos destinados a educación media superior y superior y a las transferencias federales a estados y municipios.

Este esfuerzo por parte de la sociedad civil también busca dar claridad a los compromisos de transparencia y rendición de cuentas adquiridos por la administración pública.  Hoy en día, el lenguaje presupuestal es tan ambiguo que no está claro cuál es la información que debe ser pública ni quiénes son los sujetos obligados a hacerlo.

Con una sociedad informada tendremos posibilidad de pedir cuentas y exigir resultados.

La oleada de violencia que se ha presentado en los últimos años ha alterado de manera significativa el estilo de vida de los mexicanos. La desconfianza en las instituciones tanto políticas como en las encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley como policías, ministerio público, etc. se ha incrementado.

En la reciente iniciativa enviada al Congreso por el Ejecutivo se reconoce que la legislación y estructura actual de los cuerpos policiacos se ha visto rebasada por la forma de operar de los delincuentes. Sin duda, la labor de combate y prevención del crimen y la recuperación de la confianza social necesita una fuerte inyección de recursos y, más importante aún, una estrategia claramente definida del uso y racionalización de los mismos. El crecimiento entre 2010 y 2011 de los recursos asignados para seguridad pública será de 6%, pero habrá que preguntarse si estos recursos están distribuidos según las políticas y estrategias correctas.

Por una parte, se propone crear un mando único policial pero al mismo tiempo se disminuye (en términos reales) el monto de las transferencias estatales etiquetadas para seguridad pública en 2%. Se busca un “combate frontal al crimen organizado” incrementando el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en 9%, acción que parece justificada pues este tipo de conducta delictiva es la que más violencia social genera, pero al mismo tiempo se reduce en 2% el presupuesto asignado a la PGR.

Las condiciones actuales obligan a que la apuesta del Ejecutivo sea por el lado de las fuerzas armadas, por lo que es de vital importancia que se establezca un esquema de control para éstas y uno de colaboración con las fuerzas civiles. Así mismo, algunos expertos coinciden en que la estrategia federal para combatir la delincuencia organizada no es integral pues no tiene repercusiones sobre la estructura financiera de la delincuencia organizada y por tanto les permite contar con los recursos para seguir operando.

Tomar medidas extremas en materia de seguridad pública puede derivar en violaciones a los derechos humanos, por lo que se le debe dar una perspectiva que incorpore la protección a las libertades individuales para no caer en un sistema de seguridad autoritario. En este sentido, el gobierno Federal ha propuesto un aumento en el presupuesto de la CNDH de 18% pero aún queda pendiente el diseño de indicadores y métricas que permitan conocer de manera confiable el despeño de esta institución, así como de las Comisiones Estatales, donde los procedimientos administrativos varían considerablemente entre entidades y cuyas resoluciones, en caso de que la queja o el caso proceda, son altamente cuestionables y poco comparables.

También es necesario que el flujo de información se dé en forma eficiente pues permitirá conocer si los resultados de las estrategias emprendidas son los correctos y, en caso contrario, enderezar el camino a tiempo. Actualmente Plataforma México concentra información muy valiosa en temas delictivos pero no es divulgada ni entre los organismos del propio aparato gubernamental ni entre la sociedad civil limitando la formulación de políticas públicas concretas por la carencia de información.

La colaboración entre gobierno y sociedad civil puede derivar en un eficaz y efectivo funcionamiento de los sistemas de evaluación y rendición de cuentas para que sean realmente un mecanismo que asegure tanto la correcta utilización de los recursos como la vigencia y el respeto a los derechos humanos.