Los gobiernos latinoamericanos están multiplicando esfuerzos para incentivar la generación de energías limpias. Perú prevé cubrir 5% de su suministro energético con tecnologías limpias en 2013 y Chile el 20% para 2020.

Algunos países han implementado políticas de subsidios o sistemas de castigos para incentivar la inversión en energías alternativas pues se tiene la creencia de que dichas inversiones no son competitivas desde el punto de vista financiero.

En este sentido, la experiencia mexicana y la investigación (aún en curso) del IMCO apuntan en otra dirección. El parque eólico Eurus, ubicado en La Ventosa (Oaxaca), tiene un potencial de 250 megavatios y abastece de energía al 25% de las plantas de Cemex en el país. En este proyecto conjunto entre la cementera mexicana y la empresa Acciona, de origen español, no operaron políticas de subsidio, sino la perspectiva de mercado.

¿Por qué invertir 500 millones de dólares en este proyecto? La respuesta es simple. Este parque duplicará la capacidad eólica del país y, más importante aún, tiene retornos de inversión positivos. Como este, muchos proyectos tienen tasas de retorno por encima del costo de capital, razón por la cual se vuelven atractivos para el sector privado por sí mismos.

Por mencionar un par de ejemplos, la sustitución de motores industriales arroja una TIR de 43%, mientras que la cogeneración industrial, el biogás y la inversión en energía eólica presentan tasas de 8 y 14%.

Igualmente, el sector público tiene grandes incentivos para invertir en energías limpias pues tan sólo mejorar la eficiencia de CFE e invertir en la cogeneración en PEMEX le reportarían una rentabilidad de 89 y 81% respectivamente.

¿Qué es lo que inhibe estas inversiones? La primera respuesta que salta a la mente es el marco regulatorio: falta de competencia en el sector energético y subsidios a la electricidad y gasolinas, por ejemplo. Es cierto que el riesgo de estos proyectos es alto pero los beneficios de dichas inversiones son evidentes: abatimiento de emisiones y retornos de inversión por encima del costo de capital.

El cambio climático debe ser el pretexto perfecto para empujar la competencia en el sector energético mexicano. Una reforma fiscal con un correcto esquema impositivo sobre las emisiones y que elimine los subsidios permitirá hablar de CAP´s e incentivos fiscales.

Contrario a la creencia, no se requieren incentivos muy grandes o un fuerte impulso por parte del gobierno para que el sector privado participe en proyectos de energías limpias pues son altamente rentables.

Bimbo es otro caso exitoso: recupera las inversiones que realiza en un periodo promedio de 3 años y tienen TIR´s de entre 30 y 40%. Como lo dijo el presidente hace un par de días: “El dilema entre desarrollo económico o preservación del medio ambiente no existe, sí es posible un crecimiento económico sustentable”

La situación del país está sobre diagnosticada.  Expertos de la sociedad civil, académicos,  sector privado y organismos internacionales coinciden en que el Presupuesto de Egresos 2011 no cumple con las exigencias del país.  Es un presupuesto inercial, que continúa con amplia dependencia de ingresos petroleros, con algunos aciertos en lo particular pero con grandes deficiencias en lo general.

En la asignación de los más de 3 billones de pesos que se contempla erogar durante 2011, destaca el incremento en el gasto corriente y la disminución en la inversión.  Se pregona que no habrá incrementos salariales para los mandos medios y superiores pero se incrementan los montos de sus prestaciones extraordinarias.  ¿A caso esto es congruente con la política de austeridad que profesa el gobierno Federal?

Por otra parte, son plausibles los incrementos a ramos como salud y seguridad pública pero altamente cuestionables los rubros de transparencia y rendición de cuentas que aún no reciben la importancia que tienen en estas áreas.

Los gobiernos estatales podrán continuar con su mandato feudal. Se agilizó la entrega de los llamados recursos concurrentes para los estados y con ello se perdió cierta capacidad de presión por parte de Hacienda para exigir las aportaciones estatales.

Adicionalmente, el ejecutivo hizo esfuerzos en pro de la correcta utilización del dinero público en las entidades: se intentó facultar a Hacienda para exigir el reintegro de los recursos que fuesen utilizados con fines diferentes a los que fueron autorizados. ¿Qué paso con esta iniciativa? Se decidió que bastaría con informar el por qué no fueron utilizados como se debía.

Se creó un fondo para la reconstrucción de los estados, cosa que en principio parece un acierto y un complemento al Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) pero regresando el calendario unos años encontramos subejercicios en los Fondos  para Prevenir los Desastres Naturales (FOPREDEN) con sus respectivas reasignaciones, que me atrevería a afirmar, hacia gasto corriente.

La solución hace eco por todas partes: reforma fiscal que permita reducir la dependencia sobre los hidrocarburos, restricciones de gasto, reducción de subsidios en los energéticos, énfasis en la rendición de cuentas, evaluación de programas para conocer su verdadero beneficio y evitar duplicidades, en fin…  la solución está ahí, hace falta la disposición.

El plazo ha llegado. La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2011 debe ser aprobada, a más tardar, mañana miércoles 20 de octubre. En las próximas horas se sabrá el desenlace de la telenovela del IVA, también qué pasará con las reformas propuestas a la Ley Federal de Derechos, la del Impuesto Sobre la Renta y la de Impuestos Especial sobre Producción y Servicios.

Todo parece indicar que el IVA se mantendrá en 16% y que se reformaran algunos puntos del ISR para promover el llamado estímulo al primer empleo. Pero entre los puntos a discutir, lo anterior parecen trivialidades.

De último momento, la bancada priísta (que por votación decidió dar marcha atrás a su iniciativa de reducir el IVA) propone incrementar el déficit de 0.3% a 0.5% pero olvidó acompañar su propuesta con las implicaciones que esta medida tendría para las finanzas públicas y con la estrategia que se deberá seguir para regresar al equilibrio presupuestal.

Con el incremento del déficit, se presionarían fuertemente los ingresos tributarios que no han tenido la reforma estructural que necesitan.

Sin duda, detrás de las buenas intenciones para resarcir a las entidades afectadas por los desastres naturales se encuentran motivaciones políticas de los gobernadores que buscan mantener su status quo.

Adicionalmente, se pretende conseguir más recursos haciendo modificaciones a los supuestos macroeconómicos: mayor crecimiento económico y un precio por barril de petróleo más alto.

Mientras los diputados se sigan enfocando en soluciones de corto plazo la situación de las finanzas públicas se agravará y, seguramente, el efecto bola de nieve hará que las consecuencias que tengamos que pagar todos los mexicanos por las irresponsabilidades de unos cuantos sean mayores.

Por ahora, se propone “saturar la tarjeta de crédito” para contar con los ingresos suficientes, pero se dejará para mejor ocasión la discusión de cómo se conseguirán los recursos para solventar esta obligación. Como me es muy complicado imaginar ajustes presupuestales en aras de la reducción del gasto corriente y el aumento en la inversión productiva, puedo adelantarles cuál será el desenlace (de aprobarse) de esta medida en un futuro no muy distante… impuestos más altos para ti.

Veremos que pasa en las siguientes horas…

La realidad del país hace urgente una reforma fiscal integral.  En los últimos años, el dinero recaudado por el gobierno federal aumentó, al disminuir la tasa máxima de ISR. En 2002 la tasa máxima del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas y morales era del 35%. A partir de ese año, la tasa bajo gradualmente cada año hasta llegar al 28%, a partir de 2007.  En los cinco años de 2003 a 2008, la recaudación se elevó de 438 mil millones (2003) a 599 mil millones de pesos actuales (2008). Mientras la economía creció 23% en ese periodo, la recaudación por ISR se elevó en un 33% acumulado. La recaudación por este impuesto pasó de 4.03% del PIB en 2004 a 4.64% en 2008.

Además, la experiencia internacional apunta a que una simplificación en el esquema tributario conlleva a un incremento en la recaudación.  Para muestra, algunos ejemplos:

En la Rusia, entre 1999 y 2005, la tasa pasó de 45 a 13% y la recaudación se incrementó 85%.  En Hong Kong, se disminuyó la tasa de 17.5 a 16.5% y la recaudación creció 90% entre 2003 y 2008.  Pero estas disminuciones en tasa no vinieron solas, fueron acompañadas por una simplificación en el esquema tributario eliminando los regímenes especiales y estableciendo una tasa única.

Por el lado de los impuestos al consumo, México tiene una de las tasas más bajas entre los países miembros de la OCDE.  En gran medida debido a que el poder adquisitivo de los mexicanos es también menor al del resto de los países de esta organización.   Pero, incluso entre economías similares a la mexicana, la tasa aún puede considerase como baja.  Por ejemplo, en Chile la tasa es del 19%. Además, la existencia de tasa cero limita la recaudación:  España, con una tasa del 16% y sin incluir productos o servicios con tasa cero en su esquema tributario, recaudó el equivalente al 6% de su PIB mientras que México sólo recaudo el 3.7%.

Incluso en países con una tasa menor a la impuesta en México se observan niveles de recaudación superiores.  En Nueva Zelanda, con una tasa del 12.5% y la existencia de tasa cero, se registró una recaudación del 8.4% del PIB, mientras en Corea se recaudó el equivalente al 4.2% del valor de su producción con una tasa del 10%.

Los casos internacionales muestran que no es una cuestión de subir o bajar la tasa impositiva.  Una tasa más alta no garantiza una mayor recaudación. La solución no es cobrarle más a los mismos, es necesario hacer un estudio de fondo sobre la realidad del país que derive en una reforma fiscal que mantenga sanas las finanzas públicas de manera sostenida.