Esta situación obliga a los gobiernos subnacionales a emprender medidas para fortalecer las finanzas públicas locales.  Para el caso de los estados, el impuesto sobre nómina es el más lucrativo al representar cerca del 70% de los ingresos tributarios totales.  Sin embargo, la gama de esquemas tributarios por este concepto que se aplica en las entidades es muy amplia: desde tasas escalonadas (como en Chihuahua) hasta algunas establecidas según el número de empleados (como en Hidalgo).

A un nivel más granular, los municipios enfrentan una situación compleja: por un lado se les exige que generen mayores ingresos propios, pero por el otro no se les dota de facultades legales en materia impositiva.

Si bien es cierto que el impuesto predial y el cobro por los derechos de agua son las 2 fuentes de ingreso más importantes para las haciendas municipales, también lo es que en la mayoría de los casos los alcaldes no se ocupan del cobro de estos conceptos.  Prueba de ello es que el 80% de los ingresos totales por predial se obtienen de solo 140 municipios, esto sin contar a las delegaciones del Distrito Federal, pues este tiene características muy particulares.

En el DF la situación es muy diferente: el cobro del impuesto predial y los derechos de agua no corresponde a las delegaciones sino al gobierno del DF.  Gracias a la capacidad de generación de ingresos propios y del peso que tiene el predial en ellos, a partir de 2008 el GDF se dio a la tarea de actualizar el catastro.  Para el ejercicio fiscal 2011, los contribuyentes ya cuentan con un cobro que parte de una valuación actualizada.

Aunque en términos financieros sea más complicado realizar una actualización catastral para los municipios, el beneficio que derivarían de ello justifica los costos.  Sin embargo, al no ser beneficios  inmediatos, nadie quiere incurrir en los costos.

Algunas medidas pueden implementarse para hacer más eficiente el cobro del predial, por ejemplo explotar el concepto del “catastro eléctrico” que sin duda es uno de los más completos en el país.  Desde hace ya algunos años, esta idea ha ido tomando forma en países como España, en dónde se aprovecha para asignar registros catastrales.

Los catastros, así como el resto de la administración pública, deben comenzar a modernizarse mediante la adopción de tecnologías de información pues  las mejoras tendrán que venir acompañadas por la implementación de alguna aplicación informática que agilice los procesos.