El día de ayer se dio a conocer el Reporte sobre el Índice de Prosperidad de The Legatum Institute.  México ocupó la posición 53 de 110 países evaluados.  El reporte señala que las principales deficiencias están en materia de seguridad (79), libertad personal (69) y en gobierno (69).

La explicación de los primeros factores es simple. El país atraviesa una crisis de violencia e inseguridad que afecta a todos los ciudadanos y los mecanismos que ha introducido el Estado para intentar controlarla frecuentemente son producto de decisiones coyunturales y aparecen como esfuerzos aislados carentes de coordinación. 

El estado mexicano se ha caracterizado por utilizar un enfoque reactivo-represivo basado en el uso de la fuerza.  Estas acciones poco han contribuido a resolver las causas de fondo del aumento en la violencia y, por el contrario, han propiciado la comisión de violaciones graves de los derechos humanos y que van en contra de las libertades personales.

Es cierto que ante situaciones como las que atraviesa el país se requiere la intervención de las fuerzas armadas. No obstante, México carece de un marco institucional que garantice que el despliegue de estas se realice bajo estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos.

Además, dado que la estrategia contra la delincuencia se ha centrado en el llamado “despliegue territorial” de la fuerza pública encontramos algunas sutilezas en el proyecto de presupuesto para 2011.  Se presupuestan 537 plazas para Generales en la SEDENA mientras que Colombia, en sus peores tiempos sólo tenía 40.  Este número sólo es comparable con naciones como China, Rusia y Estados Unidos pero, a diferencia de estas, México cuenta sólo con poco más de 200 mil efectivos mientras estos países superan los 2 millones.

Entre las reformas necesarias se debe incrementar la capacidad de la policía de investigación e invertir en capacitación y equipamiento.  Sin embargo, en los últimos años, las partidas destinadas a estos conceptos han presentado subejercicios, los mismos que han ido en aumento.

En materia de seguridad y de respeto a las libertades, existen algunos indicadores que ofrecen un panorama de la situación pero su alcance es meramente descriptivo pues la gran mayoría son inconexos y no son desarrollados posteriormente, es decir, no se vinculan con la aprobación del presupuesto o con la instrumentación de políticas públicas.  No puede haber una correcta evaluación porque no hay una rendición de cuentas como tal. 

Es imprescindible que se regule en la ley de transparencia los supuestos bajo los cuales se puede clasificar la información como de “Seguridad Nacional” pues bajo ese pretexto se restringe el flujo de información que podría ser útil para diversos asuntos como la asignación presupuestal, por ejemplo.

Por último, debe quedar claro que una reforma en materia de seguridad por sí sola no resolverá el problema de la delincuencia pero es condición necesaria para lograr un avance importante.  Si queremos que los resultados sean los esperados, se debe complementar con políticas en todas la materias, principalmente en temas de educación y de mercado laboral.

La oleada de violencia que se ha presentado en los últimos años ha alterado de manera significativa el estilo de vida de los mexicanos. La desconfianza en las instituciones tanto políticas como en las encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley como policías, ministerio público, etc. se ha incrementado.

En la reciente iniciativa enviada al Congreso por el Ejecutivo se reconoce que la legislación y estructura actual de los cuerpos policiacos se ha visto rebasada por la forma de operar de los delincuentes. Sin duda, la labor de combate y prevención del crimen y la recuperación de la confianza social necesita una fuerte inyección de recursos y, más importante aún, una estrategia claramente definida del uso y racionalización de los mismos. El crecimiento entre 2010 y 2011 de los recursos asignados para seguridad pública será de 6%, pero habrá que preguntarse si estos recursos están distribuidos según las políticas y estrategias correctas.

Por una parte, se propone crear un mando único policial pero al mismo tiempo se disminuye (en términos reales) el monto de las transferencias estatales etiquetadas para seguridad pública en 2%. Se busca un “combate frontal al crimen organizado” incrementando el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en 9%, acción que parece justificada pues este tipo de conducta delictiva es la que más violencia social genera, pero al mismo tiempo se reduce en 2% el presupuesto asignado a la PGR.

Las condiciones actuales obligan a que la apuesta del Ejecutivo sea por el lado de las fuerzas armadas, por lo que es de vital importancia que se establezca un esquema de control para éstas y uno de colaboración con las fuerzas civiles. Así mismo, algunos expertos coinciden en que la estrategia federal para combatir la delincuencia organizada no es integral pues no tiene repercusiones sobre la estructura financiera de la delincuencia organizada y por tanto les permite contar con los recursos para seguir operando.

Tomar medidas extremas en materia de seguridad pública puede derivar en violaciones a los derechos humanos, por lo que se le debe dar una perspectiva que incorpore la protección a las libertades individuales para no caer en un sistema de seguridad autoritario. En este sentido, el gobierno Federal ha propuesto un aumento en el presupuesto de la CNDH de 18% pero aún queda pendiente el diseño de indicadores y métricas que permitan conocer de manera confiable el despeño de esta institución, así como de las Comisiones Estatales, donde los procedimientos administrativos varían considerablemente entre entidades y cuyas resoluciones, en caso de que la queja o el caso proceda, son altamente cuestionables y poco comparables.

También es necesario que el flujo de información se dé en forma eficiente pues permitirá conocer si los resultados de las estrategias emprendidas son los correctos y, en caso contrario, enderezar el camino a tiempo. Actualmente Plataforma México concentra información muy valiosa en temas delictivos pero no es divulgada ni entre los organismos del propio aparato gubernamental ni entre la sociedad civil limitando la formulación de políticas públicas concretas por la carencia de información.

La colaboración entre gobierno y sociedad civil puede derivar en un eficaz y efectivo funcionamiento de los sistemas de evaluación y rendición de cuentas para que sean realmente un mecanismo que asegure tanto la correcta utilización de los recursos como la vigencia y el respeto a los derechos humanos.