Cada organización se comprometió a vigilar algunos compromisos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

Entre los aspectos a los que se les dará seguimiento se encuentran los subsidios a los energéticos que históricamente han sido mayores al presupuesto asignado para algunos programas sociales, como es el caso de Oportunidades.  También se vigilará el gasto en atención médica y medicamentos pues se han detectado compras con sobreprecios en más de 50 claves de medicamentos.

A los programas de subsidios, que en la actualidad son alrededor de 115, se les destinará cerca del 15% del gasto programable durante este año por lo que también se monitoreará su operación y los resultados que entregan a la ciudadanía.

El Programa de Reducción del Gasto 2010-2012 también estará en la mira del observatorio para conocer en qué se ahorrará y cuál será el destino de dicho ahorro.  Otro tema con la misma relevancia será la evaluación de los programas y recursos asignados a seguridad pública, pues en los últimos años el gasto por este concepto ha crecido más de 10 veces y, ante la carencia de una clara estrategia de seguridad, no sabemos cuáles son los resultados: no sabemos la cantidad y calidad del personal con el que se cuenta ni el armamento del que dispone, por ejemplo.

También se dará seguimiento a los programas y resultados en materia de igualdad de género, a los recursos destinados a educación media superior y superior y a las transferencias federales a estados y municipios.

Este esfuerzo por parte de la sociedad civil también busca dar claridad a los compromisos de transparencia y rendición de cuentas adquiridos por la administración pública.  Hoy en día, el lenguaje presupuestal es tan ambiguo que no está claro cuál es la información que debe ser pública ni quiénes son los sujetos obligados a hacerlo.

Con una sociedad informada tendremos posibilidad de pedir cuentas y exigir resultados.

Adicionalmente, los sectores claves son monopolios o bien monopolios virtuales, tales son los casos del sector energético, el de telecomunicaciones y el de cemento, por mencionar algunos.

Por otro lado, encontramos algunos segmentos que no son competitivos y que, en cambio, impiden el progreso y uso eficiente de los recursos en algunas actividades, a la vez que retardan el crecimiento de la productividad de la fuerza laboral.  Para muestra, un ejemplo: el sindicato de maestros.

La ineficiencia del sector escolar y la limitada base fiscal son algunos de los aspectos que contribuyen al bajo nivel y lento crecimiento de la productividad en México.  Según la OCDE, la falta de competitividad en México ha generado la pérdida de 270,000 empleos en el sector manufacturero.

Como resultado, el sector informal ha incrementado su participación principalmente por el marco regulatorio tan rígido y la pesada carga impositiva a la que se enfrenta el sector formal.  Además, el limitado acceso a los mercados de capitales que presenta el sector informal, reducen considerablemente la acumulación de capital tanto físico como humano en el país.

La evidencia muestra que la acumulación de capital humano es la principal fuente de crecimiento económico.  Recientes estudios muestran que los retornos de la inversión en educación pre escolar son mayores a la inversión en cualquier otro nivel educativo.  No obstante, en el país la inversión en educación pre escolar es mínima, en comparación con lo que se destina a educación primaria y secundaria.

Otro problema al que se enfrenta el país y que limita el desarrollo del capital humano en México es la pobreza infantil.  Si bien algunos programas sociales como Progresa/Oportunidades han tenido cierto impacto en la mitigación de este problema, están enfocados a una etapa muy tardía en la vida de los infantes para ser efectivos.  De no atender esta situación, la desigualdad se agravará en la próxima generación.

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) tiene como finalidad evaluar los conocimientos y habilidades adquiridas por los alumnos de 15 años y que están cercanos a terminar la educación obligatoria.  Resulta alarmante que en México sólo el 0.7% de los estudiantes alcanza el nivel 5 y 6 de la prueba PISA en matemáticas, sólo el 0.4% en lectura y únicamente el 0.2% en ciencias. 

Sin caer en la tentación de realizar comparativas internacionales, los números muestran un panorama alentador: Entre 2003 y 2009, México fue el país con la mejora más significativa en matemáticas en términos absolutos al incrementar su puntaje en 33 unidades. En la misma asignatura, también fue el país con mayor abatimiento de estudiantes por debajo del nivel 2 al pasar de 66% en 2003 a 51% en 2009.

También es de mencionarse el incremento sustancial en la cobertura educativa del grupo bajo estudio (alumnos de 15 años) que pasó de 52% en el año 2000 a 66% en el 2009.

El estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) menciona que, si bien es cierto que existe una gran disparidad en las condiciones socioeconómicas de la población, estas no son un determinante de los resultados de la evaluación pues se observan  todo tipo de puntajes entre regiones con las mismas características, incluso es México uno de los países que presentan un rango más amplio de resultados entre una muestra de 65 economías.

Algunos avances importantes se han conseguido en materia educativa, pero no hay que taparse los ojos ante una  realidad que nos está ganando en la carrera por la competitividad: comenzamos en niveles vergonzosos y es por ello que los logros obtenidos son más notorios.

Debido a la opacidad en el manejo de los recursos públicos en la nómina magisterial, a la cantidad de anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la utilización del FAEB (Fondo de Aportaciones para la Educación Básica) y a la violenta situación del país que exige recursos orientados a la protección de la población, no resulta óptimo ni viable asignar un mayor presupuesto a la educación por lo que es vital maximizar los retornos de lo que ya se está invirtiendo en ella.

Hoy por hoy, México destina cerca del 22% de su presupuesto al sector educativo y enfrenta el reto de mejorar y homogeneizar su sistema escolar mediante un sistema de transferencias que discrimine aquellas escuelas con carencias de infraestructura o en desventaja académica de aquellas que no las tienen o no lo están.  Un esquema similar funcionó en Shangai, en dónde lo más asombroso no es el alto puntaje obtenido, sino la pequeñísima variabilidad mostrada entre el desempeño de las escuelas.  Invariablemente, cualquier acción que se decida deberá venir acompañada de un programa de monitoreo y evaluación.  

Lo que es un hecho es que si México quiere ser protagonista internacional en los próximos años debe mejorar su sistema educativo.

En Brasil, uno de los países que pinta para ser protagonista en los próximos años lloró la culminación del periodo de su presidente más carismático.  Luiz Inácio Lula da Silva logró poner en el mapa de la economía mundial al país carioca con un crecimiento sostenido y una acumulación de reservas internacionales que pasaron de ser el equivalente al 80% de las reservas mexicanas a representar el 238% de las mismas.

 Ahora, su sucesora, Dilma Rousseff enfrentará el reto de mejorar las condiciones heredadas de Lula para hacer frente a dos eventos internacionales que se avecinan y que exigirán de grandes inversiones tanto en infraestructura como en combate a la delincuencia: el mundial de futbol de 2014 y las olimpiadas de 2016.

En México, diversos estados y municipios de la República tuvieron también transición de poderes heredando algunos de ellos grandes problemas en la situación de sus finanzas públicas, en particular en lo referente a la deuda.

Durante 2011, la actividad electoral de los estados será menor que la de 2010. Se celebrarán comicios en 7 entidades, de los cuales se elegirán a los respectivos gobernadores, 222 presidentes municipales y 116 diputados locales.  Habrá que estar pendientes de lo que ocurra en Guerrero y su situación de inseguridad, en el Estado de México y la amenaza del PAN y PRD de no participar en las elecciones y en Michoacán en donde contenderá la hermana del presidente Calderón.

Seguramente reformas como la laboral, de competencia y la fiscal quedarán para otra ocasión pues difícilmente veremos que las bancadas hagan algún movimiento que pueda herir susceptibilidades en la antesala de 2012.

Algunos países han implementado políticas de subsidios o sistemas de castigos para incentivar la inversión en energías alternativas pues se tiene la creencia de que dichas inversiones no son competitivas desde el punto de vista financiero.

En este sentido, la experiencia mexicana y la investigación (aún en curso) del IMCO apuntan en otra dirección. El parque eólico Eurus, ubicado en La Ventosa (Oaxaca), tiene un potencial de 250 megavatios y abastece de energía al 25% de las plantas de Cemex en el país. En este proyecto conjunto entre la cementera mexicana y la empresa Acciona, de origen español, no operaron políticas de subsidio, sino la perspectiva de mercado.

¿Por qué invertir 500 millones de dólares en este proyecto? La respuesta es simple. Este parque duplicará la capacidad eólica del país y, más importante aún, tiene retornos de inversión positivos. Como este, muchos proyectos tienen tasas de retorno por encima del costo de capital, razón por la cual se vuelven atractivos para el sector privado por sí mismos.

Por mencionar un par de ejemplos, la sustitución de motores industriales arroja una TIR de 43%, mientras que la cogeneración industrial, el biogás y la inversión en energía eólica presentan tasas de 8 y 14%.

Igualmente, el sector público tiene grandes incentivos para invertir en energías limpias pues tan sólo mejorar la eficiencia de CFE e invertir en la cogeneración en PEMEX le reportarían una rentabilidad de 89 y 81% respectivamente.

¿Qué es lo que inhibe estas inversiones? La primera respuesta que salta a la mente es el marco regulatorio: falta de competencia en el sector energético y subsidios a la electricidad y gasolinas, por ejemplo. Es cierto que el riesgo de estos proyectos es alto pero los beneficios de dichas inversiones son evidentes: abatimiento de emisiones y retornos de inversión por encima del costo de capital.

El cambio climático debe ser el pretexto perfecto para empujar la competencia en el sector energético mexicano. Una reforma fiscal con un correcto esquema impositivo sobre las emisiones y que elimine los subsidios permitirá hablar de CAP´s e incentivos fiscales.

Contrario a la creencia, no se requieren incentivos muy grandes o un fuerte impulso por parte del gobierno para que el sector privado participe en proyectos de energías limpias pues son altamente rentables.

Bimbo es otro caso exitoso: recupera las inversiones que realiza en un periodo promedio de 3 años y tienen TIR´s de entre 30 y 40%. Como lo dijo el presidente hace un par de días: “El dilema entre desarrollo económico o preservación del medio ambiente no existe, sí es posible un crecimiento económico sustentable”

En la asignación de los más de 3 billones de pesos que se contempla erogar durante 2011, destaca el incremento en el gasto corriente y la disminución en la inversión.  Se pregona que no habrá incrementos salariales para los mandos medios y superiores pero se incrementan los montos de sus prestaciones extraordinarias.  ¿A caso esto es congruente con la política de austeridad que profesa el gobierno Federal?

Por otra parte, son plausibles los incrementos a ramos como salud y seguridad pública pero altamente cuestionables los rubros de transparencia y rendición de cuentas que aún no reciben la importancia que tienen en estas áreas.

Los gobiernos estatales podrán continuar con su mandato feudal. Se agilizó la entrega de los llamados recursos concurrentes para los estados y con ello se perdió cierta capacidad de presión por parte de Hacienda para exigir las aportaciones estatales.

Adicionalmente, el ejecutivo hizo esfuerzos en pro de la correcta utilización del dinero público en las entidades: se intentó facultar a Hacienda para exigir el reintegro de los recursos que fuesen utilizados con fines diferentes a los que fueron autorizados. ¿Qué paso con esta iniciativa? Se decidió que bastaría con informar el por qué no fueron utilizados como se debía.

Se creó un fondo para la reconstrucción de los estados, cosa que en principio parece un acierto y un complemento al Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) pero regresando el calendario unos años encontramos subejercicios en los Fondos  para Prevenir los Desastres Naturales (FOPREDEN) con sus respectivas reasignaciones, que me atrevería a afirmar, hacia gasto corriente.

La solución hace eco por todas partes: reforma fiscal que permita reducir la dependencia sobre los hidrocarburos, restricciones de gasto, reducción de subsidios en los energéticos, énfasis en la rendición de cuentas, evaluación de programas para conocer su verdadero beneficio y evitar duplicidades, en fin…  la solución está ahí, hace falta la disposición.

Además, la insostenibilidad de los servicios de salud pública es patente: en sólo 8 años, ha disminuido en más de 10% la relación entre cotizantes y asegurados pues mientras en el año 2000 había 84 cotizantes por cada 100 asegurados en 2008 sólo había 75.  El envejecimiento de la población y el aumento en la esperanza de vida ha debilitado fuertemente las finanzas del sector salud. Cada vez más personas tienen seguro médico público: los asegurados del IMSS se incrementan a una tasa anual del 3% mientras aquéllos del seguro popular lo hacen a una tasa del 52%.  Por otra parte, el gasto necesario para cubrir a estos nuevos asegurados sólo crece a un ritmo anual de 1%.

En su estado actual, el IMSS es muy costoso para el país, la erogación pública anual necesaria para mantener constante el tamaño del problema es de 2.5% del PIB y los costos de salud, que son de 870 USD por habitante y representan cerca del 93% del déficit actuarial del IMSS, crecen a un ritmo anual de 8%.

Con la situación agravándose a este ritmo, sin las reformas necesarias en temas de seguridad social y sin la orientación del sistema de salud hacia la prevención, resulta complicado pensar en la cobertura médica universal que se propone el ejecutivo Federal. 

La situación se pone peor al observar las estadísticas de obesidad y de diabetes, siendo la última generadora del 10% del gasto mundial en servicios de salud.

No obstante, el sector salud es una ventana importante para generar ingresos y movilizar la economía.  El turismo médico se ha incrementado de manera importante en Estados Unidos durante los últimos años y, dada su ubicación geográfica, México debe aprovechar la oportunidad. Por cada punto porcentual que se logre atraer del sector salud de EU, el mercado mexicano se vería beneficiado con incrementos cercanos al 20% en erogaciones para servicios de salud.

Sin embargo, aún resulta muy complicado evaluar la calidad de los servicios de salud.  Hoy día, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es la institución encargada de resolver controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos pero carece de las competencias y facultades suficientes para actuar como verdadero árbitro.

Son muchos los actores que deben intervenir para dar solución al problema de salud pública: actores en materia laboral para resolver asuntos de seguridad social (desligar la salud de la nómina de las empresas, por ejemplo), en materia de regulación y competencia (como la ya tan mencionada ley contra la obesidad y fortalecimiento de la CONAMED), en materia presupuestal (para proveer de los recursos necesarios para inversiones en infraestructura), etc.  Serán ellos los que decidan si los mexicanos tendremos servicios de salud de calidad o estamos destinados a vivir pobres y enfermos.

La explicación de los primeros factores es simple. El país atraviesa una crisis de violencia e inseguridad que afecta a todos los ciudadanos y los mecanismos que ha introducido el Estado para intentar controlarla frecuentemente son producto de decisiones coyunturales y aparecen como esfuerzos aislados carentes de coordinación. 

El estado mexicano se ha caracterizado por utilizar un enfoque reactivo-represivo basado en el uso de la fuerza.  Estas acciones poco han contribuido a resolver las causas de fondo del aumento en la violencia y, por el contrario, han propiciado la comisión de violaciones graves de los derechos humanos y que van en contra de las libertades personales.

Es cierto que ante situaciones como las que atraviesa el país se requiere la intervención de las fuerzas armadas. No obstante, México carece de un marco institucional que garantice que el despliegue de estas se realice bajo estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos.

Además, dado que la estrategia contra la delincuencia se ha centrado en el llamado “despliegue territorial” de la fuerza pública encontramos algunas sutilezas en el proyecto de presupuesto para 2011.  Se presupuestan 537 plazas para Generales en la SEDENA mientras que Colombia, en sus peores tiempos sólo tenía 40.  Este número sólo es comparable con naciones como China, Rusia y Estados Unidos pero, a diferencia de estas, México cuenta sólo con poco más de 200 mil efectivos mientras estos países superan los 2 millones.

Entre las reformas necesarias se debe incrementar la capacidad de la policía de investigación e invertir en capacitación y equipamiento.  Sin embargo, en los últimos años, las partidas destinadas a estos conceptos han presentado subejercicios, los mismos que han ido en aumento.

En materia de seguridad y de respeto a las libertades, existen algunos indicadores que ofrecen un panorama de la situación pero su alcance es meramente descriptivo pues la gran mayoría son inconexos y no son desarrollados posteriormente, es decir, no se vinculan con la aprobación del presupuesto o con la instrumentación de políticas públicas.  No puede haber una correcta evaluación porque no hay una rendición de cuentas como tal. 

Es imprescindible que se regule en la ley de transparencia los supuestos bajo los cuales se puede clasificar la información como de “Seguridad Nacional” pues bajo ese pretexto se restringe el flujo de información que podría ser útil para diversos asuntos como la asignación presupuestal, por ejemplo.

Por último, debe quedar claro que una reforma en materia de seguridad por sí sola no resolverá el problema de la delincuencia pero es condición necesaria para lograr un avance importante.  Si queremos que los resultados sean los esperados, se debe complementar con políticas en todas la materias, principalmente en temas de educación y de mercado laboral.

Todo parece indicar que el IVA se mantendrá en 16% y que se reformaran algunos puntos del ISR para promover el llamado estímulo al primer empleo. Pero entre los puntos a discutir, lo anterior parecen trivialidades.

De último momento, la bancada priísta (que por votación decidió dar marcha atrás a su iniciativa de reducir el IVA) propone incrementar el déficit de 0.3% a 0.5% pero olvidó acompañar su propuesta con las implicaciones que esta medida tendría para las finanzas públicas y con la estrategia que se deberá seguir para regresar al equilibrio presupuestal.

Con el incremento del déficit, se presionarían fuertemente los ingresos tributarios que no han tenido la reforma estructural que necesitan.

Sin duda, detrás de las buenas intenciones para resarcir a las entidades afectadas por los desastres naturales se encuentran motivaciones políticas de los gobernadores que buscan mantener su status quo.

Adicionalmente, se pretende conseguir más recursos haciendo modificaciones a los supuestos macroeconómicos: mayor crecimiento económico y un precio por barril de petróleo más alto.

Mientras los diputados se sigan enfocando en soluciones de corto plazo la situación de las finanzas públicas se agravará y, seguramente, el efecto bola de nieve hará que las consecuencias que tengamos que pagar todos los mexicanos por las irresponsabilidades de unos cuantos sean mayores.

Por ahora, se propone “saturar la tarjeta de crédito” para contar con los ingresos suficientes, pero se dejará para mejor ocasión la discusión de cómo se conseguirán los recursos para solventar esta obligación. Como me es muy complicado imaginar ajustes presupuestales en aras de la reducción del gasto corriente y el aumento en la inversión productiva, puedo adelantarles cuál será el desenlace (de aprobarse) de esta medida en un futuro no muy distante… impuestos más altos para ti.

Veremos que pasa en las siguientes horas…

Sin embargo, la brecha productiva con las empresas grandes es enorme y el rendimiento es más bajo (sin importar el sector).

Ante la necesidad de políticas focalizadas, el gobierno Federal respondió con el llamado Fondo PYME que busca apoyar a las empresas de menor tamaño y a los emprendedores con el objetivo de promover el desarrollo económico del país.

Entre 2004 y 2009, las entidades que más recursos han recibido de este fondo son Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí pero esto no se ha reflejado en una mejora en su nivel de competitividad pues los tres estados perdieron posiciones en el índice ce competitividad estatal 2010 del IMCO.

Al intentar hacer una evaluación del por qué estos apoyos no se han visto reflejados en la situación económica del estado nos encontramos con la oscura realidad del fondo PYME.  A grandes rasgos, este fondo funciona de la siguiente manera: la Secretaría de Economía asigna recursos al fondo, los mismos que son entregados a ciertos grupos o cúpulas (alrededor de 100) que se encargan de distribuirlos entre los beneficiarios finales.  En este camino la pérdida de información es tal, que la Secretaría de Economía no tiene idea de a quién le fueron entregados los recursos y, como es de esperarse, no tiene una base de datos para dar seguimiento a estas PYMEs.

El diseño clientelar del fondo PYME y la opacidad en sus reglas de operación, se detectaron algunas irregularidades: personas físicas que reciben apoyos, empresas multinacionales que reciben montos millonarios, intermediaros que ofrecen apoyos del fondo a cambio un porcentaje del mismo, etc.

Mucho se habla de cuántas empresas han sido atendidas y cuántos empleos se han generado, pero muy poco se dice sobre la rentabilidad de estas empresas, su tiempo de supervivencia, si los empleos generados son permanentes, de alto valor agregado o cuanto costo cada uno de ellos.

Para intentar resolver algunos de estos cuestionamientos, el IMCO concentró la información disponible sobre el fondo en un sitio web que puede ser consultado en http://subsidiosapymes.com/. 

Recientemente, se solicitó al Congreso ampliar los recursos para el fondo PYME pero mientras no exista un mecanismo que garantice la transparencia en las asignaciones y el flujo de información que permita dar seguimiento y evaluar el funcionamiento del programa, la gran parte de los recursos seguirán siendo fondos perdidos en lugar de inversiones productivas.