En un artículo anterior de este blog (Televisión y COFETEL, un llamado a la transparencia, 25 de enero) recordabamos la promesa de una tercera cadena que se había hecho al inicio de la presente administración, en 2006. A unos meses de su término, no parece que vaya a pasar de promesa, convirtiéndose en una de las grandes “deudas” en política pública del sexenio que termina.
El 25 de enero pasado, el Pleno del órgano regulador, la COFETEL, discutió y votó por el aplazamiento de la decisión, tanto sobre la transición de la televisión digital terrestre (TDT) como sobre la licitación de nuevas licencias de televisión abierta. Se dio a conocer en días recientes la versión estenográfica de la reunión de ese día, donde se tomaron tan importantes decisiones, y a la cual nos referiremos en lo que resta de esta columna. Estuvieron presentes, Mony de Swaan, Presidente comisionado del organismo, y los cuatro Comisionados que conforman el pleno, Ernesto Gil, Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo y José Luis Peralta.

La primera discusión versó sobre la transición digital, la cual giró alrededor de qué criterio –nivel de penetración o fechas meta – se debía adoptar ante lo que el Presidente del Pleno no dudó en llamar el fracaso de la política de 2004, fecha original del Decreto sobre la transición. Lo que no deja de llamar la atención es la duda todavía existente en alguno de los comisionados sobre si la COFETEL cuenta o no con facultades para regular dicho proceso. Al final todos los comisionados, con excepción de Mony, votaron por aplazar la discusión. Afortunadamente, el pasado cuatro de mayo se desatoró el proyecto, al publicarse las adiciones y modificaciones al Decreto sobre la TDT de 2004.

El segundo tema discutido fue la licitación de televisión abierta, donde hay varias partes reservadas en la versión estenográfica. Después de describir los antecedentes, entre los cuales se señala que “no existe impedimento técnico alguno para su licitación” (p.15), se pasa a la discusión de argumentos, siendo éstos “temas de forma, no de fondo” en juicio del Presidente Comisionado, quien hace también referencia a la concentración de “infraestructura, publicidad y audiencia”. En algún momento, parece haber acuerdo que sólo son dichas correcciones de forma lo que es necesario para votarlo, y así lo pide el Presidente comisionado: “seguir avanzando con este proyecto independientemente de otras variables externas” (p.21), aunque el documento no deja en claro cuales son éstas. Y es ahí, cuando parecía que el proyecto podría ser votado sujeto a ajustes de formato, cuando el consenso de los comisionados es por aplazar el tema, con el único voto en contra, una vez más, de Mony de Swaan, quien termina invitando a los demás comisionados a informarle cuando las condiciones que impiden el voto estén resueltas para proceder a la discusión del tema de nuevo en el Pleno.

Lo que pasó ese día levanta varias interrogantes. Si la licitación de nuevas señales de televisión es técnicamente posible, ¿cuál es el impedimento para hacerlo? Si es una cuestión de puntos y comas ¿por qué han pasado ya cuatro meses sin que se haya votado al respecto?; es más ¿por qué no se fijó un termino para dicha corrección y agendar fecha para su discusión? Sea cual fuese el resultado de ésta, no habría razón para postergarlo más. Es indicativa la respuesta del comisionado Martínez Pous, respondiendo a la posibilidad de votarlo -una vez que las correciones de formato estuvieran hechas-indicando que una cosa será tenerlo listo con ”puntos y comas. Y la otra situación cuándo decidimos votarlo”. (p.21)
¿Qué puede explicar la dilación? ¿Sería acaso el temor aun mayor de llevar a cabo el voto, y que éste fuera un NO al otorgamiento de nuevas licencias? En tal caso, la opinión pública demandaría una convincente explicación de la decisión. Y no es que no sea válido y posible presentar argumentos en contra de una tercera cadena, sin más. Gabriel Zaid así lo hizo, por ejemplo, el 26 de febrero en su artículo en Reforma, La tercera cadena, donde argumentaba en contra de permitir que un tercer competidor fuera tan abusivo como los dos ya existentes y demandando una finalidad cultural en el proyecto. Sin embargo, no hay viso de argumentos sustantivos similares en contra de la apertura, en la estenográfica del 25 de enero. Se pasa simplemente de discutir cuestiones de formato a aplazar el tema de fondo; y sin fecha para ello.

Posterior a la decisión, y a la decepción que causó, los comisionados que votaron por el aplazamiento han afirmado que hay externalidades por resolver, antes de proceder al voto. En días recientes, el comisionado Alexis Milo expresó en entrevista que había que tomar en cuenta los requerimientos del mercado.
Todo lo anterior es válido y necesario, pero ¿por qué nada de ello se trasluce en la discusión del Pleno convenido justo para tal propósito, hace cuatro meses? Seguramente habrá una explicación lógica, pero con la información disponible al público, no se puede evitar una sensación de “arrastrar los pies” al interior del organismo. No sorprende la reacción de Irene Levy de Observatel, quien después de leer la estenográfica del 25 de enero, ha demandado ya la publicación del procedimiento para la licitación de nuevas señales de televisión, durante un programa de CNNMéxico; al no encontrar nada sustancial que explique el retraso.

Los acontecimientos de las últimas semanas han mostrado que la demanda por una televisión abierta más plural no es exclusiva de académicos y políticos, sino una exigencia de sectores amplios de la población. Es de desear que la COFETEL actúe -como ya lo hizo en el caso de la transición digital- y evite alimentar la impresión de no estar a la altura de lo que la sociedad espera de ella.

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En diciembre de 2006, Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes planteó licitar nuevas frecuencias de radio y televisión, conforme a los compromisos de campaña del Presidente Felipe Calderón. Casi seis años han pasado y nada se concretó. Sorprendentemente, en un momento en que se asumía que las campañas políticas crearían una situación de “standby” legislativo y regulatorio, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), bajo la dirección de Mony de Swaan, siguió adelante con la elaboración de un programa de licitaciones para nuevas concesiones de televisión abierta. El resultado de las encuestas realizada por el organismo en diciembre había indicado un abrumador consenso a favor, como indicábamos en la última entrada de este blog ( El futuro de la televisión abierta ¿Hay para más?, 30 de enero 2011).

Aunque inicialmente se preveía la discusión para el miércoles 11 (La Cofetel discutirá sobre TV abierta, CNNExpansion.com, 8 de enero 2012), la discusión fue pospuesta por la petición de clarificación del proyecto por parte de algunos comisionados del organismo (Postergan decisión de más canales de TV, CNNExpansion.com, 10 de enero 2012). Se espera que en los próximos días o semanas, se tome una decisión al respecto.
Muchas partes han expresado sus puntos de vista, ejerciendo su derecho: académicos, organismos civiles, y corporativos de la industria. El punto de vista de las televisoras debe ser también tomado en cuenta en la discusión, sin trato preferencial, pero también sin prejuicios ideológicos. Tanta razón tienen los intelectuales y organismos en demandar una decisión objetiva y transparente, como lo tienen las televisoras en expresar sus argumentos.

¿Por qué es tan importante? De una u otra manera, la televisión abierta es la principal generadora de opinión y discusión de nuestra sociedad, por delante de la prensa escrita y los libros. Su narrativa audiovisual define la agenda nacional gracias a que sus mensajes alcanzan a más del 90% de la población. No es sorpresa que el principal receptor del gasto publicitario sea la televisión abierta. Si en cualquier ámbito económico más competencia es mejor que menos, ésta es fundamental en el ámbito de lo audiovisual, pues de ello dependerá en gran parte la diversidad de ideas en la sociedad. La pluralidad en el ámbito televisivo no es sólo una cuestión de quién se queda con qué (en este caso el espectro); es una decisión que impactará que tipo de sociedad seremos en el futuro. La nuestra es una sociedad mediatizada donde la televisión abierta tiene tanta importancia en la formación de la conciencia ciudadana como lo tiene el Estado y la educación. ¿Quién puede negar que la televisión que hemos tenido es una variable esencial para explicar el tipo de sociedad que hoy somos? Ella ha aportado tanto de lo bueno (que si lo hay, aunque poco se le reconozca) como de lo malo (casi lo único que muchos intelectuales optan por ver). Cada vez más, nuestra “memoria colectiva” pasa por lo audiovisual, sobrepasando a lo escrito.

No hay por qué pensar que México no está listo para una tercera cadena de televisión abierta; hay quienes piensan que hay incluso espacio para una cuarta. La sociedad ha madurado lo suficiente como para poder asumir más contenidos y opciones. El televidente ha sido largamente educado – precisamente por las televisoras – a discriminar y filtrar lo que le gusta. Incluso Emilio Azcarraga indicó en octubre pasado que Televisa no temía enfrentar competencia, en un encuentro organizado por las agencias de publicidad.

Seguramente los comisionados de la COFETEL son conscientes de que su decisión es más que la simple asignación de un bien público, como si de uso de suelo se tratara. Es por ello deseable que, cualquiera que sea el sentido de la decisión, se den a conocer las razones del voto de los comisionados, a fin de evitar acusaciones de ligereza o alineación con los intereses de una u otra parte. Más allá de la obligación legal que pueda tener, la COFETEL tiene hoy un imperativo de transparencia, consecuencia de la importancia de la decisión que tome. Si la decisión fuera en contra de la ampliación de la oferta televisiva, ésta debería explicarse con profundidad; y los primeros en beneficiarse de ello serían las televisoras. Lo último que necesitan Televisa y TvAzteca es la percepción de que fueron mecanismos de presión empresariales los que llevaron a una decisión que les beneficia. Si hubiera consistentes argumentos técnicos y económicos en contra, deberían darse a conocer. Decisiones opacas perjudican a todos los interesados. La posición de Mony de Swaan, a favor de la apertura, ha sido clara, fundamentándola en varios foros; la de los demás comisionados debería ser igualmente transparente.

La COFETEL, -cuyo estatus fue objeto de considerable debate y tuvo que ser refrendada por la Suprema Corte en 2007– tiene la oportunidad de mostrar que está a la altura del poder y facultades que con tanta discusión pública se le otorgaron. Casualidad o no, esta semana también se discutió en la Comisión Federal de Competencia (COFECO) la resolución sobre el trato Televisa-Iusacell, la cual ha calentado los ánimos en los medios, levantando acusaciones de presión sobre el organismo. Fue justamente hace un año, el 23 de enero de 2011, que el periodista Miguel Angel Granados Chapa había “balconeado” la operación, seguido por la apasionada negación de las partes, como también lo señalamos en este blog en su momento (Televisa-Iusacell ¿reivindicación de un periodista?, 7 de abril 2011).

El “sospechosismo” que ya rodea la decisión que tome la COFECO, sea cual sea, debería servir de advertencia a los comisionados de la COFETEL que la transparencia no es ya una opción, sino una demanda de legitimidad.

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El domingo 23 de enero, Miguel Angel Granados Chapa denunciaba lo que llamaba la intención de Televisa de dominar la industria celular a través de la adquisición del 100% de las acciones de Iusacell, en el artículo “Televisa reina en la telefonía celular” en el periódico Reforma.
Algunas horas después, el presidente de Grupo Salinas negó la información en Twitter y Televisa emitió un desmentido. Al día siguiente, Grupo Salinas publicó un comunicado en el mismo periódico.
En el caso de Televisa llamaba la atención no solo la negación del hecho sino la implicación de que el artículo servía a los intereses de poderes más grandes: “su intención es denostar a cualquier posible competidor que pudiera tener el Ingeniero Slim y sus empresas en el sector”.
En cuanto al comunicado de Grupo Salinas, sorprendía el tono particularmente ácido del desmentido, no sólo negando los hechos aducidos, sino juzgando las intenciones del autor, a quien llamó  “ profesional de la mentira,  la calumnia y la difamación”. Añadía:  “el espectro de Iusacell no está, ni estará en venta, no ha pasado ni pasará a manos de ninguna otra compañía”. La contundencia de dicha declaración parecía desmentir no sólo la denuncia sino  cerrar la posibilidad de cualquier futura acción en dicho sentido.
En ambos casos los desmentidos iban más allá de negar el hecho denunciado por Granados Chapa, que bien podría deberse a inexactitud en sus fuentes. Se juzgaba  la intención detrás de la noticia, y al periodista. Del desmentido de hechos se pasó a la crítica de carácter. En un caso era un instrumento del poder, en otros un embustero.
Al día siguiente, lunes 24, el ganador del premio nacional de Periodismo emitía una lacónica retractación  de la nota que había publicado el  día anterior, prometiendo aclarar posteriormente la razón de la inexactitud de su artículo.

Pasado el calor de la denuncia, los desmentidos y la retractación, otros temas acapararon la atención nacional, como el caso Kalimba, que estaba en su apogeo. En prensa financiera, no se prestó mucha atención a la nota y a la acusación; después de todo, los analistas del medio no esperaban que algo de tal magnitud como la venta de Iusacell sucediera sin ellos estar por lo menos al tanto. La simple posibilidad de una alianza Televisa-Iusacell parecía a algunos una insensatez.

A  poco menos de tres meses del episodio, Televisa y Grupo Salinas anuncian haber llegado a un acuerdo de asociación, que no de compra,  por el cual el primero adquirirá el 50% de Iusacell vía deuda corporativa. La operación fortalece la posición financiera de una compañía en dificultades y por consecuencia  ayuda a la competencia en un sector donde todavía se puede trabajar mucho en dicho aspecto.
Al no ser adquisición de acciones, la operación no es técnicamente lo que se denunció en el artículo de enero pasado. Sin embargo, la mera posibilidad de una asociación estratégica , que sí es lo que está sucediendo hoy, es algo que la vehemencia de los desmentidos anulaban como posibilidad.
Lo que sonaba improbable en enero, se volvió conveniente en abril, ¿qué cambió?. Básicamente, la confrontación entre los grandes conglomerados de telecomunicaciones del país, que llevó a una reconfiguración de las alianzas y a que otrora rivales se unan en un esfuerzo para enfrentar otro competidor. Nada de esto inusual en las batallas corporativas por ganar mercado, parte del normal desarrollo de una economía de libre mercado
También es posible–para aquellos con gusto por teorías más especulativas– que  efectivamente Televisa  estaba en pláticas con Iusacell y la información fue filtrada al periodista,  quién la dio a conocer como lo haría casi cualquiera en poder de tal nota.
Es válido plantear que si bien la forma financiera en que la operación anunciada es diferente a lo denunciado en enero (deuda vs. acciones, 50% vs. 100%), el fondo estratégico parece ser el mismo; aunque ciertamente está muy lejos de darle a Televisa el papel de dominancia que el artículo acusaba que adquiriría. Iusacell  tiene una participación muy minoritaria del mercado de líneas celulares en el país.
Si tal fuera el caso, interesante sería saber ¿quién filtró tal información? ¿alguien interno a la operación? o mejor aún ¿un competidor de Iusacell , Televisa, o de ambos?  Uno de los desmentidos parecería  apuntar sospecha en esa dirección.
Desde esa perspectiva, el artículo de Miguel Angel Granados Chapa fue el tiro de arranque de la “guerra de las telecomunicaciones” que se desataría unas semanas después y sobre el cual Expansión publicó reportaje de portada tan sólo hace una semana.

¿Qué gana Televisa con la operación que le permite  poner un pie en la industria celular ,  aún cuando éste sea modesto?  Sobre ello, la siguiente edición de este blog.