En un artículo anterior de este blog (Televisión y COFETEL, un llamado a la transparencia, 25 de enero) recordabamos la promesa de una tercera cadena que se había hecho al inicio de la presente administración, en 2006. A unos meses de su término, no parece que vaya a pasar de promesa, convirtiéndose en una de las grandes “deudas” en política pública del sexenio que termina.
El 25 de enero pasado, el Pleno del órgano regulador, la COFETEL, discutió y votó por el aplazamiento de la decisión, tanto sobre la transición de la televisión digital terrestre (TDT) como sobre la licitación de nuevas licencias de televisión abierta. Se dio a conocer en días recientes la versión estenográfica de la reunión de ese día, donde se tomaron tan importantes decisiones, y a la cual nos referiremos en lo que resta de esta columna. Estuvieron presentes, Mony de Swaan, Presidente comisionado del organismo, y los cuatro Comisionados que conforman el pleno, Ernesto Gil, Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo y José Luis Peralta.

La primera discusión versó sobre la transición digital, la cual giró alrededor de qué criterio –nivel de penetración o fechas meta – se debía adoptar ante lo que el Presidente del Pleno no dudó en llamar el fracaso de la política de 2004, fecha original del Decreto sobre la transición. Lo que no deja de llamar la atención es la duda todavía existente en alguno de los comisionados sobre si la COFETEL cuenta o no con facultades para regular dicho proceso. Al final todos los comisionados, con excepción de Mony, votaron por aplazar la discusión. Afortunadamente, el pasado cuatro de mayo se desatoró el proyecto, al publicarse las adiciones y modificaciones al Decreto sobre la TDT de 2004.

El segundo tema discutido fue la licitación de televisión abierta, donde hay varias partes reservadas en la versión estenográfica. Después de describir los antecedentes, entre los cuales se señala que “no existe impedimento técnico alguno para su licitación” (p.15), se pasa a la discusión de argumentos, siendo éstos “temas de forma, no de fondo” en juicio del Presidente Comisionado, quien hace también referencia a la concentración de “infraestructura, publicidad y audiencia”. En algún momento, parece haber acuerdo que sólo son dichas correcciones de forma lo que es necesario para votarlo, y así lo pide el Presidente comisionado: “seguir avanzando con este proyecto independientemente de otras variables externas” (p.21), aunque el documento no deja en claro cuales son éstas. Y es ahí, cuando parecía que el proyecto podría ser votado sujeto a ajustes de formato, cuando el consenso de los comisionados es por aplazar el tema, con el único voto en contra, una vez más, de Mony de Swaan, quien termina invitando a los demás comisionados a informarle cuando las condiciones que impiden el voto estén resueltas para proceder a la discusión del tema de nuevo en el Pleno.

Lo que pasó ese día levanta varias interrogantes. Si la licitación de nuevas señales de televisión es técnicamente posible, ¿cuál es el impedimento para hacerlo? Si es una cuestión de puntos y comas ¿por qué han pasado ya cuatro meses sin que se haya votado al respecto?; es más ¿por qué no se fijó un termino para dicha corrección y agendar fecha para su discusión? Sea cual fuese el resultado de ésta, no habría razón para postergarlo más. Es indicativa la respuesta del comisionado Martínez Pous, respondiendo a la posibilidad de votarlo -una vez que las correciones de formato estuvieran hechas-indicando que una cosa será tenerlo listo con ”puntos y comas. Y la otra situación cuándo decidimos votarlo”. (p.21)
¿Qué puede explicar la dilación? ¿Sería acaso el temor aun mayor de llevar a cabo el voto, y que éste fuera un NO al otorgamiento de nuevas licencias? En tal caso, la opinión pública demandaría una convincente explicación de la decisión. Y no es que no sea válido y posible presentar argumentos en contra de una tercera cadena, sin más. Gabriel Zaid así lo hizo, por ejemplo, el 26 de febrero en su artículo en Reforma, La tercera cadena, donde argumentaba en contra de permitir que un tercer competidor fuera tan abusivo como los dos ya existentes y demandando una finalidad cultural en el proyecto. Sin embargo, no hay viso de argumentos sustantivos similares en contra de la apertura, en la estenográfica del 25 de enero. Se pasa simplemente de discutir cuestiones de formato a aplazar el tema de fondo; y sin fecha para ello.

Posterior a la decisión, y a la decepción que causó, los comisionados que votaron por el aplazamiento han afirmado que hay externalidades por resolver, antes de proceder al voto. En días recientes, el comisionado Alexis Milo expresó en entrevista que había que tomar en cuenta los requerimientos del mercado.
Todo lo anterior es válido y necesario, pero ¿por qué nada de ello se trasluce en la discusión del Pleno convenido justo para tal propósito, hace cuatro meses? Seguramente habrá una explicación lógica, pero con la información disponible al público, no se puede evitar una sensación de “arrastrar los pies” al interior del organismo. No sorprende la reacción de Irene Levy de Observatel, quien después de leer la estenográfica del 25 de enero, ha demandado ya la publicación del procedimiento para la licitación de nuevas señales de televisión, durante un programa de CNNMéxico; al no encontrar nada sustancial que explique el retraso.

Los acontecimientos de las últimas semanas han mostrado que la demanda por una televisión abierta más plural no es exclusiva de académicos y políticos, sino una exigencia de sectores amplios de la población. Es de desear que la COFETEL actúe -como ya lo hizo en el caso de la transición digital- y evite alimentar la impresión de no estar a la altura de lo que la sociedad espera de ella.

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