En el Marco del Séptimo Encuentro Internacional del Derecho Ambiental, realizado en octubre de 2008 en la Ciudad de México, el Doctor Genaro David Góngora Pimentel, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que nuestra Constitución  establece en su artículo 4 que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, y en congruencia con este principio fundamental el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, prevé el derecho a que toda persona viva en un ambiente adecuado, no obstante en contra de las leyes y actos de autoridad que violen los principios fundamentales en materia ambiental, el juicio de amparo resulta insuficiente para garantizar el acceso de la justicia de quienes pueden llegar a resentir un daño en su patrimonio jurídico.

Lo anterior obedece a que para la procedencia del juicio de amparo se requiere de acreditarse el interés jurídico. La Corte ha reiterado que para comprobar dicho interés se debe demostrar que se encuentran los sujetos afectados dentro del supuesto normativo de la ley.

Así el juicio de amparo queda limitado a instancia de parte agraviada y a que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral, por tanto las afectaciones deben ser reales y objetivas.

En el caso del daño al medio ambiente, este no solo puede afectar a personas en lo individual, sino en su colectividad, adicionalmente el daño o perjuicio causado no siempre puede determinarse o ser determinable, por lo que en la mayoría de los casos no podría acudirse al amparo cuando el daño ambiental no se concreta  a personas o personas determinables, ya que este solo procede contra leyes o actos de autoridad que causen un agravio personal y directo, lo cual  no solo va en contra de la naturaleza del derecho ambiental, sino de la premisa de que en el cuidado del medio ambiente existe corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad.

La doctrina señala que el derecho a un ambiente sano es subjetivo y colectivo a la vez y está ligado de manera insoluble a la calidad de vida y al derecho a la salud, pero la defensa de ese derecho se torna difícil, ya que la titularidad de ese derecho por la afectación y en su caso la protección de futuras generaciones debería pertenecer a una colectividad representada quizás por el Ministerio Público o regular la figura de la acción popular que existe en algunos países.

Aquí no estamos hablando solamente de la protección por el daño, en la que se especializa nuestro derecho al menos en el papel, sino el evitarlo o prevenirlo, recordemos que los daños ambientales casi en su mayoría son irreversibles o sus efectos son prologados y no existe capital suficiente para repararlos.

El derecho a un ambiente sano debería ser un derecho colectivo y de protección internacional, ya que los daños y consecuencias no son locales, la contaminación y degradación del ambiente no reconoce fronteras políticas, para ellas no existe la soberanía.



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