Entre los avances para proteger los derechos de los contribuyentes se encuentra la llamada Ley de Defensa del Contribuyente. Esta ley prevé entre otros beneficios el derecho a que los contribuyentes puedan corregir su situación fiscal aun iniciadas las facultades de comprobación de la autoridad (visitas domiciliarias, revisiones de escritorio etc), lo que implica poder disminuir en su caso el monto de las multas.

Para hacer efectivo ese derecho, la autoridad, conforme al artículo 12 de la ley que nos ocupa, está obligada a informar al contribuyente que cuenta con esa facilidad al inicio de cualquier actuación de la misma.

Pero, qué pasa si la autoridad en ejercicio de sus facultades no da conocer al contribuyente ese derecho. La Ley respectiva es omisa de las consecuencias para las autoridades, por ello son los tribunales los que han resuelto.

En opinión del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa, dicha omisión no afecta la validez del procedimiento fiscalizador, pues el contribuyente está en condiciones de realizar su corrección desde el inicio de las atribuciones de revisión y hasta antes de que se le notifique el crédito fiscal. Para dicho tribunal el servidor público (auditor), solamente se hace acreedor a una responsabilidad administrativa.

Si bien es cierto que para el ejercicio de ese derecho no se requiere autorización de la autoridad, el tribunal no consideró que el contribuyente que no ejerza en tiempo ese derecho por desconocimiento, pagará cantidades mayores por la actualización, recargos y también por el monto de las multas al aplicarse un porcentaje sobre el crédito omitido.

Este criterio resulta contrario al espíritu del legislador plasmado en el plazo para la interposición de medios de defensa; en el cual si la autoridad omite señalarlo en la resolución notificada al contribuyente, éste contará con el doble del plazo para presentarlo.



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