Que una empresa familiar pase de padres a hijos puede ser un cambio lógico, sin embargo esta transición a veces se constituye en una verdadera batalla campal que lleva en ocasiones a la disolución de la empresa.

El empresario familiar debe dejar resuelto el control sobre la gestión de la empresa familiar. Para ello tiene tres escenarios posibles:

  1. Dejar este proceso hasta su fallecimiento
  2. Transmitir la empresa en vida, incorporando gradualmente a sus sucesores
  3. Transmitir su empresa en vida sin transición de un solo golpe

 Si el empresario familiar toma el primer escenario, la falta de la realización de un testamento puede tener consecuencias graves para la continuidad del negocio.

En el mes del testamento, es vital recordar que este instrumento jurídico es el idóneo para ordenar la sucesión y garantizar la continuidad de la empresa familiar.

En el caso particular del testamento del dueño de una empresa familiar deberá contener no solo las circunstancias personales del testado, es decir a quien transmite su casa, auto, entre otros bienes, sino las circunstancias que permitan asegurar la continuidad del negocio familiar. Entre las prácticas más usuales de la disposición testamentaria encontramos:

  1. Adjudicación de la empresa familiar a uno o varios herederos
  2. Establecer usufructos universales para la viuda o viudo, y de dejar la propiedad de la empresa a los hijos
  3. Establecer un fideicomiso sucesorio, en cuyo caso la fiduciaria se encargaría de administrar la empresa
  4. Legar la empresa a un tercero para que continúe su gestión, aquí es vital de que no existan los llamados “herederos forzosos” (menores de edad con derecho a alimentos), ya que el testamento podría impugnarse

Tampoco debe olvidarse al formular el testamento, de la existencia de la sociedad conyugal, ya que en su caso deberán observarse las capitulaciones para establecer de manera clara que cónyuge es el propietario de los bienes o el porcentaje que le pertenece.

Independientemente que se asegure el empresario familiar de elaborar su testamento, los especialistas recomiendan señalar en el testamento o en un protocolo anexo al mismo, las posibles sanciones económicas en que pueden incurrir los familiares que no respeten la voluntad testamentaria, con ello se pretende evitar litigios y descontrol de la administración de la empresa.


Tras la aprobación de la factura electrónica como única forma de comprobación fiscal, y la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos dentro de la reforma fiscal para 2014, las Pymes y los profesionistas independientes deberán enfrentar otro dilema:  la conservación de estos comprobantes y demás documentos en medios electrónicos.

Dicha conservación deberá efectuarse de manera que se asegure su legibilidad en el formato original en el que se haya recibido o remitido de tal manera que se garantice la autenticidad de su origen.

Si bien la factura electrónica facilita los flujos de información, su almacenamiento y conservación debe ser debidamente dimensionado no solo para efectos fiscales sino para cualquier controversia en tribunales. No todas las empresas, incluso las más grandes, están preparadas para almacenar digitalmente su contabilidad, la casuística real puede ser muy variada, por lo que urge que las autoridades establezcan reglas que permitan visualizar y unificar la manera de hacerlo.

Es fundamental que la información electrónica no sólo sea conservada, sino también accesible lo más fácilmente posible, para favorecer así su mejor circulación: incluso después su uso corriente, la información electrónica puede utilizarse en el marco de investigaciones estadísticas, científicas o comerciales.

La migración de papel a electrónico como obligación fiscal  se constituye en un elemento básico en la  operación comercial, más cuando puede dejar a fuera de una negociación a cualquier empresa.

idconline.com.mx


Hoy en día se habla más del poder de ciertos grupos de influencia en el gobierno. Incluso se utiliza el término lobbycracia para referirse a la influencia que ejercen los conglomerados y grupos de interés en los centros de decisión. En  Estados Unidos este fenómeno ha llamado más la atención, particularmente a raíz de escándalos de soborno de diversos legisladores.

Por lobby entendemos aquel grupo de presión, que trata de defender unos intereses determinados de forma legítima y legal. Por tanto, puede haber tantos lobbies como intereses. La Comunidad Europea ha establecido un registro voluntario de estos grupos bajo cuatro capítulos: un primer para consultoras profesionales y gabinetes de abogados, que actúan ante las instituciones de la Unión Europea, un segundo para departamentos internos de la empresa y asociaciones profesionales, otro para las ONG y grupos de reflexión o también denominados think tanks, y el último para los denominados “otros organismos”.

Un think tank o tanque de pensamiento es una institución investigadora u otro tipo de organización que ofrece consejos e ideas sobre asuntos de política, comercio e intereses militares. El nombre proviene del inglés, algunos medios en español utilizan la expresión “fábrica de ideas”.

Los think tank a menudo están relacionados con laboratorios militares, empresas privadas, instituciones académicas o de otro tipo. Se trata de organizaciones en las que trabajan varios teóricos e intelectuales multidisciplinarios que elaboran análisis o recomendaciones políticas. Un think tank tiene estatus legal de institución privada (normalmente en forma de fundación no comercial). Los think tanks defienden diversas ideas. Sus trabajos tienen habitualmente un peso importante en la política, particularmente en Estados Unidos.

En México, existen algunos, entre ellos se encuentran: El Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social (COMDES), el Centro Nacional para el Desarrollo Económico (CNDE), Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), FUNDAR, Transparencia Mexicana, por citar algunos. En nuestro país son relativamente nuevos, pero se encuentran ganando influencia y muchas de sus ideas han tenido impacto efectivo en políticas públicas.

La carencia de legislación que los regule hace que en determinadas circunstancias, ciertos grupos actúen con métodos económicos no muy ortodoxos, pero son muchos los lobbies que en el mundo actúan dentro del marco de la legalidad y consiguen ganar muchas batallas por intereses ajenos.

En España algunas firmas de abogados ingresan más de cien millones de euros por su trabajo ‘lobbista’. La cifra no es del todo real, ya que en la contratación de un despacho influyen en gran medida los contactos que pueda proporcionar al cliente.

Las acciones de los lobbies pueden modificar el marco legislativo para favorecer el desarrollo empresarial, ejerciendo presión, reivindicando o exponiendo situaciones reales del mercado a organismos del Gobierno. El resultado puede ser tremendamente positivo o desastroso para el interés público.

A efectos de regular el cabildeo, recientemente la Cámara de Diputados aprobó las adiciones a los artículos 264 y 265 de su Reglamento, con ello se estableció que:

  1. No podrán llevar cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
  2. El número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en dicha Cámara será de 20 por cada comisión y dos cada persona moral inscrita.

Sin bien con esto se regula en parte esta práctica, también lo es que, por la enorme desconfianza hacia el ejercicio  de los cargos públicos y de representación popular, podría resultar insuficiente.

La transparencia es la mejor fórmula para limitar la actuación de estos grupos en los procesos legislativos. Una de las formas de transparentar su actuación es la de incluir la llamada “huella legislativa”, para conocer las personas que han intervenido en el proceso legislativo.

 


Dentro de las propuestas de Reformas Fiscales para 2014 que el Ejecutivo presentó al Congreso de la Unión se encuentran las reformas al Código Fiscal de la Federación.

En dichas reformas se contemplan las denominadas “revisiones electrónicas”, que implican la determinación de un crédito fiscal con base en  información y documentación que el SAT  tenga en su poder.

Para ello la autoridad emitirá una preliquidación la cual notificará al contribuyente vía buzón fiscal,  a partir de este momento se abrirá un procedimiento para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga  y aporte las pruebas necesarias para desvirtuar la liquidación presentada todo vía electrónica.

Una vez que se agoten los plazos que menciona el  Código, la preliquidación  será definitiva y el contribuyente  deberá pagar o en su caso impugnar, ya que la autoridad podrá ser efectivo el crédito mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

Bajo esta modalidad  se pretende reducir los plazos de revisión en un 60%  y enfocar las auditoría a rubros específicos.


Una de las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes es conservar la documentación y la contabilidad durante un plazo de cinco años, contando a partir de la fecha que se presentaron o debieron presentarse las declaraciones con ellas relacionadas.

Los comprobantes fiscales forman parte de la contabilidad del contribuyente, por ello tratándose de comprobantes fiscales digitales y CFDI es necesario que almacenen o guarden los archivos XML, así como conservar los comprobantes impresos con CBB; además de que con ello se cumple con un requisito para llevar a cabo la deducción del gasto y el acreditamiento de los impuestos trasladados.

En diversas ocasiones, no se cuenta con dicha comprobación, ya sea por que el proveedor no entregó el XML, o por el simple hecho de no haberse almacenado el comprobante digital y se pierde la información; o bien, se cuenta con la documentación pero no se tiene la certeza de que sea válida. Con la finalidad de subsanar estas anomalías así como para verificar las facturas emitidas por el propio contribuyente, el SAT crea una herramienta eficaz para consultar y recuperar facturas electrónicas de una manera fácil y sencilla.

En la dirección https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mxpodrán recuperarse los archivos *.xml de las facturas emitidas o recibidas. 

Este instrumento trae consigo un gran beneficio para los contribuyentes, pues el recuperar su documentación comprobatoria conlleva:

  1. Un mejor control de sus gastos
  2. Seguridad de deducibilidad y acreditamiento
  3. Una contabilidad más completa

Adicionalmente a la obligación de conservar los comprobantes que establecen las leyes fiscales, recuerde que  pueden ser pruebas en caso de un litigio, por lo que el servicio que ofrece el SAT es una buena alternativa.

Fuente: idconline

 


El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (Sistema de Madrid), establecido en 1891, se rige por el  Arreglo de Madrid (1891) y el Protocolo de Madrid (1989). Está administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.

El Sistema de Madrid se conforma por las partes contratantes que pertenecen al Arreglo (56 miembros o Estados), y aquéllas que pertenecen al Protocolo (88).

Es un instrumento internacional que ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios países u organizaciones intergubernamentales mediante la presentación de una solicitud única, directamente en su propia oficina, en un solo idioma y con un conjunto de tasas en una misma moneda.

Cada país se reserva el derecho a determinar si concede o niega la protección de conformidad con su legislación interna.

El pasado 25 de mayo de 2012, el Senado de la República aprobó la adhesión de México al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid. El instrumento de adhesión fue depositado ante la OMPI el pasado 19 de noviembre con vigencia a partir del 19 de febrero de 2013.

Cabe recordar que México, el 26 de julio de 1909, se adhirió al Arreglo de Madrid, y posteriormente tan solo suscribió la revisión de La Haya, pues mediante decreto del 9 de marzo de 1943 se dejó sin vigor en todo el territorio nacional el mencionado Arreglo.

Los principales motivos que originaron la decisión de que México saliera del Arreglo fueron:

  1. la labor de inscripción y examen que con frecuencia resultaba innecesaria, ya que únicamente se explotaba en México un número relativamente corto de marcas internacionales
  2. los mexicanos no se mostraron interesados en el registro internacional y en los 10 años comprendidos entre 1931 y 1940 solamente se depositaron de dos a tres marcas mexicanas
  3. México era ya en ese entonces el único país de América que continuaba adherido al Arreglo de Madrid, después de la denuncia que del mismo hicieron la República de Cuba en el año de 1932 y Brasil en el año de 1933

Las circunstancias han cambiado radicalmente y las tendencias del comercio mundial apuntan cada vez más hacia intercambios comerciales con regulaciones aplicables homogéneas. México tiene como objetivo diversificar sus exportaciones e impulsar el comercio exterior, por lo que la adhesión al Protocolo es sumamente benéfica para los productores y exportadores mexicanos.

Utilizar el Protocolo de Madrid otorga, entre otros beneficios al solicitante, los siguientes:

  1. la tramitación de solicitudes se simplifica para los nacionales que deseen entrar rápidamente al mercado global
  2. las modificaciones posteriores al registro, como por ejemplo un cambio en el nombre, puede realizarse mediante un solo trámite administrativo y tasa única
  3. solo hay una fecha de vencimiento y un registro que renovar: con renovar el registro de marca internacional se tiene por renovada la protección en el resto de las partes contratantes designadas
  4. los efectos de un registro internacional pueden extenderse a una parte contratante que no hubiese sido incluida con anterioridad

Es de apuntar que el 12 de febrero de 2013 se publicaron  los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas acorde al Protocolo.


A más de una semana de que la Cámara de Senadores aprobó en sus términos el dictamen del decreto de reforma a la LFT que le fue turnado por la Cámara Baja (Diputados) aún está pendiente su publicación en el DOF para que entre en vigor en toda la República Mexicana.

No obstante es importante que el sector patronal se familiarice con los cambios realizados a esta legislación y realice un check list sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales, pues ahora su inobservancia puede resultar muy gravosa.

Esto no solo se debe al incremento de las sanciones pecuniarias, las cuales van de 50 a 5,000 veces el salario mínimo vigente en el DF (actualmente de $3,116.50 a 311,650.00) sino a los criterios que considerará la autoridad para su determinación:

  1. el carácter de intencional o no de las acción u omisión y su gravedad
  2. los daños producidos o que puedan producirse
  3. la capacidad económica del infractor y su reincidencia
  4. el número de trabajadores afectados en un solo acto u omisión, en cuyo caso la multa será por cada uno de los afectados, y
  5. la concurrencia en diversas infracciones en un solo acto u omisión, en cuyo supuesto las sanciones se aplicarán a cada una de ellas, de manera independiente

Entre los cambios más relevantes de la reforma destacan:

  1. la implementación de nuevos esquemas de contratación
  2. la delimitación de los esquemas de outsourcing o subcontratación
  3. la nueva cara de la capacitación y adiestramiento
  4. las novedosas causas de rescisión
  5. el nuevo procedimiento rescisorio, y
  6. las nuevas obligaciones en relación con:  pensiones alimentarias y seguridad e higiene

Las empresas y principalmente sus encargados de Recursos Humanos están obligados a profundizar sobre este tema, no solo para evitar sanciones sino para orientar a sus trabajadores ante el clima de incertidumbre que suele producirse ante cambios tan importantes en las relaciones laborales.

 IDC Asesor Jurídico y Fiscal, publicación especialista en temas jurídicos del grupo Expansión, lo invita a asistir a nuestros próximos seminarios “Efecto Dominó de la Reforma Laboral”, a celebrarse los días:

Mayores informes en los teléfonos    (55)91-77-43-42 y 01 800 221 67 89, así como en el fax (55) 9177- 4108.

 


El SAT ofrece diversas aplicaciones para que valides los comprobantes digitales e impresos, y evites problemas con su deducción

Para que compruebe que las facturas, recibos de honorarios y arrendamiento que recibe cumplen con todos los requisitos fiscales y son auténticos, puede consultar en la página de Internet del SAT si:

  1. el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor
  2. cuando se emitió el comprobante, se encontraba vigente el certificado que ampara el sello digital.

Para estos efectos, es necesario identificar el tipo de comprobante que recibió para poder acceder a la aplicación correspondiente.

Comprobante fiscal digital por Internet (CFDI)

Si recibió el comprobante en versión impresa, podrá validarlo mediante el Servicio de validación de CFDI, para lo cual deberás ingresar los datos.

Ahora bien, si lo que requiere es revisar la estructura del comprobante recibido en formato xml, deberá ingresar a la aplicación para verificar la estructura, el sello y cadena original y cargar el archivo correspondiente.

El validador de forma y sintaxis soporta las versiones 3.0 y 3.2 para CFDI.

La versión 3.2 ya contiene los requisitos que resultan obligatorios a partir del 1 de julio de 2012 y que podrá consultar en la nota Nuevas reglas para emitir comprobantes fiscales

Comprobante fiscal digital (CFD)

Si recibió el comprobante en versión impresa, podrá validarlo mediante el servicio para verificar el folio, serie, número de aprobación y año del comprobante, así como la vigencia del Certificado de Sello Digital, para lo cual deberás ingresar los datos en sistema. 

De contar con el archivo electrónico en formato html, podrá utilizar la aplicación para verificar la estructura, el sello y cadena original.

El validador de forma y sintaxis soporta las versiones 2.0 y 2.2 para CFD

Comprobante impreso con CBB

En este caso, podrás validar la autenticidad de tu comprobante mediante la aplicación denominada Verificación de Comprobantes Fiscales Impresos

Qué sucede si el comprobante no reúne todos los requisitos fiscales

Recuerde que no podrá deducir ni acreditar las cantidades amparadas en comprobantes que no reúnan algún requisito de los establecidos en los artículos 29, 29-A ó 29-B del CFF, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales. Por tal razón, es recomendable que valide todos los comprobantes que reciba mediante las aplicaciones antes descritas.

 

Fuente: idconline


El tema de los derechos humanos recientemente incorporado a nuestra Constitución implica para las autoridades fiscales una revisión de la forma en que actúan tradicionalmente. 

El 10 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de derechos humanos en la que destaca la obligación de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan  y garanticen los derechos humanos, lo que incluye necesariamente a las fiscales.

Asimismo destaca de la reforma realizada, el principio pro persona que significa que  las autoridades deberán velar en su actuar por el mayor beneficio a las personas en todo momento.

 Antes de la reforma el Poder Judicial asumía la responsabilidad de vigilar que  los actos emitidos por la autoridad respetaran estos derechos, función que seguirá ejerciendo, sin embargo conforme a la reforma un funcionario o servidor público estaría obligado en principio a conocer y respetar los derechos humanos protegidos tanto en nuestra legislación como en los Tratados Internacionales.

Debemos recordar que entre los derechos humanos se encuentra el principio de legalidad que implica fundar y motivar correctamente los actos de autoridad, así como el oír al contribuyente con todas sus garantías para la determinación de los derechos y obligaciones correspondientes en el orden fiscal que contempla el Pacto de San José.

Además la Declaración Universal de los Derechos Humanos  (ONU), contempla el derecho al mínimo vital que implica tener una cantidad libre de impuestos  para subsistir, lo que puede poner en duda la aplicación de ciertas multas.

El reto que tienen las autoridades fiscales no es minúsculo, ya que deberán poner especial atención a la observancia de estos derechos, por lo que la capacitación en esta materia deberá ser una de sus prioridades.

Si desea abundar más sobre este tema le recomendamos la lectura del análisis “Contribuyentes, ¿con derechos humanos?” publicado en idconline.com.mx


 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 2836/2011, determinó constitucional la sanción pecuniaria de treinta mil a trescientos mil días multa (salario mínimo vigente en el Distrito Federal) al que posea, utilice, entre otros supuestos, tarjetas de débito a sabiendas de que están falsificadas, contenida en el artículo 112 Ter de la Ley de Instituciones de Crédito.

El origen de la resolución partió del razonamiento de que la sanción pecuniaria prevista en el precepto impugnado era inconstitucional por ser desproporcional e irrazonable. La Primera Sala al considerar constitucional el rango mínimo de dicha sanción, estimó que no vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica previstos en el artículo 22 de la Carta Magna, ya que si el bien jurídico tutelado es, en la especie, el patrimonio de las personas y la confianza en las operaciones y actividades económicas que realizan con el uso de tarjetas, lo que de manera directa incide en el correcto funcionamiento del sistema financiero, es claro que la norma impugnada debido a la pena económica que prevé no resulta desproporcional.

El que la multa sea alta significa que ese tipo de sanción es la que prefirió el legislador para frenar tal delito, sin que por ello resulte excesiva de acuerdo con la importancia del bien jurídico, lo cual sin duda representa una manera de salvaguardar a la sociedad. Además, aun cuando las facultades del legislador no son ilimitadas y la legislación penal no está exenta de control constitucional, también tiene un amplio margen de libertad configuradora para apreciar, analizar y ponderar los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o causar, gozando de prerrogativas para disponer que el castigo por una conducta antisocial de extremada relevancia sea ejemplar y potencializar así la certidumbre de que los ciudadanos que respetan la ley lo sigan haciendo.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación



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