La casi eliminación de la factura en papel con código de barras bidimensional como alternativa para expedir comprobantes, había venido anunciándose tiempo atrás por las autoridades fiscales.  El SAT pretende que la mayoría de los contribuyentes migren al comprobante fiscal digital por Internet en enero de 2014.

Con la reciente publicación de los cambios por este organismo, solamente se podrá expedir este tipo de comprobantes cuando los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior, manifestados en la declaración anual de ISR, sean iguales o inferiores a $250,000.00; los ingresos deben derivar de actos o actividades por los cuales exista obligación de expedir comprobantes fiscales.

Empero, todavía existen contribuyentes renuentes a abandonar el papel. Entre las justificaciones que señalan se encuentran:

  1. Mayor fiscalización. Las bondades que ofrece la expedición de un comprobante fiscal por medios electrónicos, se opaca ante una fiscalización más efectiva por el SAT, lo que resulta la principal objeción para el cambio.
  2. Costos. Este señalamiento es relativo, ya que existen alternativas muy económicas,  incluso gratuitas para cumplir con la obligación.
  3. Desconocimiento de los procesos legales para dar cumplimiento con esta obligación: Existe información muy amplia tanto en la página del SAT como en diversas páginas para que el proceso resulte más sencillo.
  4. Descontrol administrativo: Empresas pequeñas y medianas desconocen  a ciencia cierta su propia administración; el éxito de la implementación de la factura depende en gran medida del  dominio de los procesos internos.
  5. Los cambios de timón  de las autoridades: Desde el año 2000 se realizaron los ajustes pertinentes para dar vida a la factura electrónica, sin embargo, por una u otro cosa, las autoridades han otorgado alternativas para que sigan conviviendo diversas opciones de comprobación, lo que ha originado la perdida de la credibilidad y que los contribuyentes, incluso hoy, esperen que no entren en vigor.

El cambio realizado no solo afectará a un gran número de profesionistas que prestan sus servicios de manera independiente y arrendatarios, sino incluso a personas morales como donatarias, escuelas y pymes. 

Este nuevo proceso puede no ser agotador si se toman las medidas pertinentes en tiempo, de no hacerlo así,  la reforma  resultará un verdadero calvario.

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