Las acciones colectivas son una nueva herramienta legal cuya principal función es equilibrar la balanza entre proveedores y consumidores, pues estos últimos por lo regular se encuentran en desventaja y desorganizados.

A raíz de una serie de reformas aprobadas el año pasado, entró en vigor este nuevo instrumento mediante el cual una colectividad puede iniciar juicios contra entidades públicas y privadas que cometan abusos, cobros excesivos o dañen el medio ambiente.

Si bien, esta reforma representa un avance en la defensa de los derechos ciudadanos, su aplicación se complica. Por una parte,  no contempla,  como en otros países, una indemnización adicional que cubra gastos y costos de la demanda, ya que cada parte deberá pagar el juicio. Y por otra regula que los ciudadanos podrán participar en acciones colectivas sólo sí firman la demanda, esto dificulta el procedimiento pues no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades para acceder a la justicia, ya sea por los altos costos del juicio o por desconocimiento. Ello contrasta con normatividades de otros países, donde la acción colectiva incorpora automáticamente a todas las personas que puedan ser afectadas.

El litigio en la materia  resulta muy riesgoso, ya que pocos abogados son expertos en el tema de acciones colectivas. Es un recurso poco conocido y no se encuentra en los planes de estudio. Es un proceso complejo que requiere abogados de mucha experiencia.

Los empresarios deben cuidar de no recurrir en prácticas que los hagan susceptibles de ser objeto de demandas por dichas acciones, ya que las cuantías por daños y perjuicios pueden ser muy altas e incluso pueden llevar al cierre de empresas, adicionalmente al daño en su imagen que puede acabar con su prestigio comercial.

Se recomienda ampliar las coberturas de los seguros contratados por daños y observar  que las  cláusulas de los mismos contemplen la cobertura por estas acciones y ante todo capacitar a su personal para que estén atentos de no incurrir en alguna irregularidad.

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