El departamento de cobranza del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha empezado a emitir “cartas invitación” por correo electrónico, donde manifiesta que los datos del contribuyente e información de adeudos pendientes de pago, han sido reportados a las Sociedades de Información Crediticia (Buró de Crédito y Circulo de Crédito).

La misiva también señala que, para que dicha información desaparezca del historial crediticio del contribuyente, se deberá realizar el pago correspondiente previa obtención de los formularios y repórtalo al centro de atención telefónica al número 01 800 46 36 728 marcando la opción 9, posteriormente el SAT procederá a actualizar la información sobre el adeudo ante las Sociedades de Información Crediticia.

El envío de tales comunicados obedece a la campaña implementada por la autoridad hacendaria, bajo el programa denominado “cobro persuasivo” y con ello combatir la evasión fiscal, lo cual se puede apreciar en el siguiente link:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/campanas/114_13391.html.

Es importante resaltar que de los meses de febrero a agosto de este año, se han emitido 365,880 cartas invitación, según información que la autoridad ha publicado en su página de Internet.

Fuente: IDC Asesor Jurídico y Fiscal


El artículo 31, fracción XXII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que los contribuyentes podrán deducir el costo de las mercancías que hubiesen perdido su valor, siempre que antes de proceder a su destrucción se ofrezcan en donación a las instituciones autorizadas.

Esta disposición para algunos violentaba garantías, sin embargo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia publicada en su gaceta de febrero del 2009, considera que dicha disposición no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, pues el establecer como condición para la deducción la donación, no impide gravar la verdadera capacidad contributiva sino por el contrario, le beneficia al poder aplicar la deducción del costo de una mercancía que ya no era comercializable y estaba destinada a ser destruida.

Además, sujetar a las deducciones a este requisito no constituye una medida arbitraria, pues al disponer que las mercancías deben ofrecerse en donación a instituciones dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia alimentación, vestido, vivienda o salud de las personas, sectores, comunidades o regiones de escasos recursos tiene como finalidad ayudar a la población más necesitada


La próxima semana, el Senado de la República someterá a debate la reforma al artículo 107 constitucional de la Ley de Amparo que busca poner ciertas restricciones al juicio de amparo en materia fiscal.

La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados y causó gran polémica entre los juristas al considerar que violenta garantías constitucionales.

El hecho está en que el amparo fiscal se ha utilizado con propósitos de negocio y aunque se trata del mejor mecanismo que existe en la ley mexicana para proteger a los ciudadanos contra leyes y actos de la autoridad que violen garantías individuales, también lo es que no está al alcance de todos.

Se indica que sólo el 2 o 3% de los contribuyentes recuren al amparo, y alrededor de 346 000 millones de pesos ha perdido el fisco en esta materia.

La reforma tiene algunos beneficios como: que todos los asuntos se resolverían en un mismo juicio; ser más flexible el acceso a la justicia y la sentencia que declare la invalidez de una norma provocaría la eliminación de la misma en el orden jurídico y sus efectos a partir de su publicación, sin que tuviera efectos retroactivos.

Una cuestión criticable es que ningún caso sería procedente la suspensión provisional o definitiva del acto, con ello invariablemente el contribuyente tendría que cubrir la contribución impugnable, incluso si obtuviera una sentencia favorable no podría solicitar la devolución al no tener ésta un efecto retroactivo.

En fin ojala estos debates no lleven solamente a cancelar la propuesta sino a buscar una reforma que resulte más equitativa y que no se pretenda mantener inmaculada una institución como el amparo que resulta en algunos casos inoperante.


 

Las empresas que pretenden exportar bienes originarios mexicanos a Colombia, podrán solicitar vía Internet a la Secretaría de Economía, el certificado de origen correspondiente. La Secretaría será la encargada de enviar electrónicamente a la aduana de Colombia dicho certificado.

Para tramitar el certificado se deberá:

  • Ingresar a la página de Internet www.siicex.gob.mx
  • Accesar al sistema por medio del:
    – RFC
    – Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA)
    – Clave de Acceso Empresarial al Sistema de Información de Trámites (CAESIT)
    – Capturar los datos del certificado de origen
  • Revisar la información e imprimir

Este certificado tendrá validez oficial ante las autoridades de Colombia y evitará que los empresarios tengan que acudir a las oficinas de la Secretaría de Economía.

El programa está habilitado desde el 4 agosto de 2009.


Entre los avances para proteger los derechos de los contribuyentes se encuentra la llamada Ley de Defensa del Contribuyente. Esta ley prevé entre otros beneficios el derecho a que los contribuyentes puedan corregir su situación fiscal aun iniciadas las facultades de comprobación de la autoridad (visitas domiciliarias, revisiones de escritorio etc), lo que implica poder disminuir en su caso el monto de las multas.

Para hacer efectivo ese derecho, la autoridad, conforme al artículo 12 de la ley que nos ocupa, está obligada a informar al contribuyente que cuenta con esa facilidad al inicio de cualquier actuación de la misma.

Pero, qué pasa si la autoridad en ejercicio de sus facultades no da conocer al contribuyente ese derecho. La Ley respectiva es omisa de las consecuencias para las autoridades, por ello son los tribunales los que han resuelto.

En opinión del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa, dicha omisión no afecta la validez del procedimiento fiscalizador, pues el contribuyente está en condiciones de realizar su corrección desde el inicio de las atribuciones de revisión y hasta antes de que se le notifique el crédito fiscal. Para dicho tribunal el servidor público (auditor), solamente se hace acreedor a una responsabilidad administrativa.

Si bien es cierto que para el ejercicio de ese derecho no se requiere autorización de la autoridad, el tribunal no consideró que el contribuyente que no ejerza en tiempo ese derecho por desconocimiento, pagará cantidades mayores por la actualización, recargos y también por el monto de las multas al aplicarse un porcentaje sobre el crédito omitido.

Este criterio resulta contrario al espíritu del legislador plasmado en el plazo para la interposición de medios de defensa; en el cual si la autoridad omite señalarlo en la resolución notificada al contribuyente, éste contará con el doble del plazo para presentarlo.


Si bien este organismo tiene la facultad de atender y resolver las reclamaciones que formulen los usuarios de servicios financieros sobre los asuntos que sean de su competencia, en las controversias entre éstos y las instituciones financieras mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan ante autoridades administrativas y judiciales, con motivo de operaciones o servicios que hubieses contratado, su asesoría solamente la brindará cuando:

  • los servicios que hubiesen contratado sean por montos inferiores a tres millones de unidades de inversión (aproximadamente $12´774,300)
  • los usuarios comprueben que no cuentan con los recursos suficientes para contratar un defensor especializado en la materia que atienda sus intereses

Para comprobar el último punto, la Condusef podrá mandar practicar los estudios socio-económicos que garanticen que el usuario no dispone de los recursos, en caso de contar con ellos, ésta podrá orientar y asesorar por única vez al usuario para la defensa de sus intereses.
Fuente: IDC Asesor Jurídico y Fiscal



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