Que una empresa familiar pase de padres a hijos puede ser un cambio lógico, sin embargo esta transición a veces se constituye en una verdadera batalla campal que lleva en ocasiones a la disolución de la empresa.

El empresario familiar debe dejar resuelto el control sobre la gestión de la empresa familiar. Para ello tiene tres escenarios posibles:

  1. Dejar este proceso hasta su fallecimiento
  2. Transmitir la empresa en vida, incorporando gradualmente a sus sucesores
  3. Transmitir su empresa en vida sin transición de un solo golpe

 Si el empresario familiar toma el primer escenario, la falta de la realización de un testamento puede tener consecuencias graves para la continuidad del negocio.

En el mes del testamento, es vital recordar que este instrumento jurídico es el idóneo para ordenar la sucesión y garantizar la continuidad de la empresa familiar.

En el caso particular del testamento del dueño de una empresa familiar deberá contener no solo las circunstancias personales del testado, es decir a quien transmite su casa, auto, entre otros bienes, sino las circunstancias que permitan asegurar la continuidad del negocio familiar. Entre las prácticas más usuales de la disposición testamentaria encontramos:

  1. Adjudicación de la empresa familiar a uno o varios herederos
  2. Establecer usufructos universales para la viuda o viudo, y de dejar la propiedad de la empresa a los hijos
  3. Establecer un fideicomiso sucesorio, en cuyo caso la fiduciaria se encargaría de administrar la empresa
  4. Legar la empresa a un tercero para que continúe su gestión, aquí es vital de que no existan los llamados “herederos forzosos” (menores de edad con derecho a alimentos), ya que el testamento podría impugnarse

Tampoco debe olvidarse al formular el testamento, de la existencia de la sociedad conyugal, ya que en su caso deberán observarse las capitulaciones para establecer de manera clara que cónyuge es el propietario de los bienes o el porcentaje que le pertenece.

Independientemente que se asegure el empresario familiar de elaborar su testamento, los especialistas recomiendan señalar en el testamento o en un protocolo anexo al mismo, las posibles sanciones económicas en que pueden incurrir los familiares que no respeten la voluntad testamentaria, con ello se pretende evitar litigios y descontrol de la administración de la empresa.


Resulta una práctica común de diversos colegios privados el presionar a los padres de familia, de los alumnos que no han cubierto la colegiatura, con impedir que los estudiantes presenten sus exámenes o retener sus documentos hasta no liquidar su adeudo, dificultando la inscripción en otros planteles educativos.

En tesis aislada un tribunal colegiado de circuito resolvió que las instituciones educativas no pueden condicionar la aplicación de evaluaciones o exámenes al pago de colegiaturas, al formar la educación parte del derecho al mínimo vital.

En la resolución se señala que no en todos los casos el estudiante es quien adquiere la obligación de pago, sino el tutor o padre, y que los colegios conservan el derecho de exigir el adeudo vía judicial.

La educación, afirma el tribunal, es un derecho humano que forma parte del derecho al mínimo vital, por lo que restringir su otorgamiento al pago de una contraprestación, significaría condicionar las necesidades básicas del individuo al interés de un particular.


El SAT da un paso importante tanto en eficacia, agilidad y ahorro de costos con el uso del Buzón Tributario. A partir de julio las personas morales tendrán que integrar dentro su relación de obligaciones fiscales la función periódica de revisar el “buzón” para ver si tienen una notificación.

El cambio que introduce la reforma al Código Fiscal de la Federación –CFF- para 2014 supone un serio reto tanto para los contribuyentes (son varios los que desconocen esta nueva obligación y de sus alcances) como para el propio SAT, que en últimas fechas se ha manifestado incapaz de acometer los cambios tecnológicos en tan escaso tiempo, presentando varias fallas en sus sistemas.

También implicará un gran desafío para los tribunales que deberán analizar si el sistema de notificación electrónico actualmente regulado por el CFF es compatible con nuestro sistema jurídico.

La implementación del buzón tributario presupone que todas las personas morales, independientemente de su dimensión económica disponen de los medios técnicos precisos para afrontar esta nueva obligación, puesto que desde hace algunos años se les impuso la obligatoriedad de presentación de todas sus declaraciones fiscales, previa la obtención de la FIEL. Sin embargo, el uso del Buzón Tributario también implica un manejo correcto de los documentos electrónicos o digitales para el desahogo de los requerimientos de la autoridad

La primera problemática que surgirá es respecto de aquellas empresas (una gran mayoría) que tienen encomendada su gestión tributaria a terceros, éstas revisarán con prontitud su esquema de trabajo para liberarse o establecer responsabilidades y en su caso habilitar en el sistema del SAT un correo propio. Recordemos que a partir que entre en vigor el Buzón Tributario, el fisco podrá iniciar las auditorías electrónicas, por lo que se deberá estar al día en la revisión de este mecanismo para evitar contingencias.  

En cuestiones de legalidad con la implementación del uso de medios electrónicon, en las disposiciones tributarias y administrativas, se ha tenido el cuidado de no apartarse sustancialmente de los principios que rigen las notificaciones para respetar los derechos y garantías de los contribuyentes, de ello depende la eficacia de la mayor parte de los actos administrativos.

La correcta notificación es esencial para que se den las consecuencias del acto que se pretende dar a conocer al ciudadano, con ello se quiere evitar la indefensión del interesado.

El procedimiento que marca el Código para el uso del Buzón Tributario no agota todas aquellas modalidades que las leyes señalan para asegurarse más eficazmente la recepción por el destinatario del acto de autoridad y que esté en posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, principalmente cuando se trata de notificar sanciones.

Se priva a los contribuyentes de un doble intento para conocer el acto de autoridad, ya que se dispone que transcurridos tres días sin que el contribuyente abra los documentos pendientes de notificar (contados a partir del siguiente aquel en que se le sea enviado el aviso), la notificación se tendrá por realizada el cuarto día, con la consecuencia que esto implica. La autoridad debe empeñarse por todos los medios de notificar al contribuyente, esfuerzo que tiene un límite marcado por la propia ley, dada la trascendencia que tiene la notificación para el ejercicio de derechos.

En el caso de las promociones presentadas por los contribuyentes no podrán señalar la opción de un medio alternativo de comunicación con la autoridad tributaria, ya que el único medio sería vía el Buzón Tributario, incluso cuando se carezca por cualquier supuesto del medio electrónico, lo que vulnera en esencia el derecho de petición.

Si bien las autoridades fiscales pretenden una actuación más eficaz, ignoraron las dificultades reales derivadas de la curva de aprendizaje y de la falta de recursos de las empresas, lo que puede ocasionarle que no logre su objetivo.

 

 


El sistema de registro contable que ofrece el SAT a las microempresas del régimen de incorporación facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero no es suficiente para administrar un negocio.

Con las reformas al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación se establece que los registros y asientos contables se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento del ordenamiento mencionado y  la Resolución Miscelánea, además dicha información deberá ingresarse mensualmente a través de la página de Internet del SAT.  Bajo este contexto, aun cuando no ha entrado en pleno vigor la mencionada disposición, el SAT dio a conocer para los contribuyentes del nuevo régimen de incorporación, en su página web un sistema  de registro de ingresos con el cual se cumpliría con la obligación que señala el precepto indicado.

Lo anterior causa confusión en los microempresarios que pueden creer que el uso de este sistema cumple de manera cabal con la obligación  legal  de llevar una contabilidad, e incluso considerar que con utilizar dicho sistema es suficiente para controlar administrativamente su negocio. Nada más alejado de la realidad.

Es pertinente recordar que en términos de las disposiciones fiscales, los registros son solo una parte de lo que  conforma la contabilidad.  El propio artículo 28 del código tributario, establece una larga lista de documentos y procesos que se consideran  parte de ésta, los cuales deberán conservarse, e incluso digitalizarse en caso de requerirse en una auditoría electrónica.

Adicionalmente en el caso de comerciantes,  el Código de Comercio establece en sus artículos 33 al 38 la obligación de llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado que permita la preparación de estados financieros y seguir la huella de las operaciones realizadas en el negocio.

Por otra parte, no debemos olvidar que en caso de que el pequeño empresario tenga trabajadores deberá cumplir con los registros que la propia legislación laboral y de seguridad social imponen. Lo anterior nos permite afirmar que la obligación de llevar la contabilidad  en términos de las diferentes legislaciones  no se agota con el sistema del SAT.

Asimismo, la contabilidadno es únicamente una obligación legal, algo que debe llevarse porque no hay más remedio o un gasto que  se trata de evitar por todos los medios.

La contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la misma, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella.
Es mucho más que  libros y estados financieros que se tienen para presentárselos a las diferentes autoridades administrativas que lo puedan solicitar.
Tener el conocimiento global la empresa, y de cómo funciona, permite el empresario tomar mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles, o poder prever grandes oportunidades que de otra manera no puede avizorar, y por consiguiente no podrá aprovechar.

La contabilidad  y sus registros tienen su origen en la operación misma de la empresa y no debe su existencia a las disposiciones fiscales, más bien la contabilidad fiscal es una parte de lo que la empresa debe llevar si se desea un buen control de su operación.


El concepto de paraíso fiscal ha evolucionado, pero no todos los países han adoptados los nuevos estándares,  lo que dificulta la fiscalización de las inversiones realizadas en los mismos.

Los paraísos fiscales han atraído siempre a inversionistas. Generalmente se trata de ciudadanos y empresas que buscan condiciones tributarias más favorables. Esta fuga de capitales no es vista con buenos ojos por los responsables fiscales de los países que la sufren. Por ello han tratado de reaccionar con diferentes medidas que dificultan y tratan de hacer poco atractiva la transferencia de activos a estos países.

Sin embargo, la globalización de la economía hace muy difícil ejercer un control eficiente, y las medidas legales tomadas, que normalmente consisten en un tratamiento fiscal poco favorable de las inversiones en paraísos fiscales, tampoco han dado los resultados esperados.

Entre los problemas que enfrentan los países para atacar este fenómeno es la falta de unanimidad en la definición de lo que se considera paraíso fiscal e, incluso, la ausencia de una terminología unificada para implementar mecanismos de protección tributaria, ya que en algunas legislaciones se crearon listas de los países considerados paraísos y en otras los identifican por ciertas características, e inclusive bajo este parámetro surgen discrepancias.

Aun organismos internacionales, como la OCDE, no han sido uniformes en definir este concepto. En 1987, la OCDE consideraba que un país o territorio calificaba como paraíso fiscal cuando ofrecía prácticas fiscales perjudiciales por la competencia que suponían para otros países. Para 1998, este organismo estableció ciertos criterios para calificar a  un país como paraíso fiscal:

  1. Ausencia de impuestos
  2. Carencia de intercambio efectivo de información
  3. Falta de transparencia en la aplicación de las normas administrativas o legislativas
  4. No exigencia de actividades reales a empresas o personas físicas domiciliadas en su territorio

En 2001, la OCDE señaló que los paraísos fiscales no serian observados propiamente por su sistema tributario, sino por su grado de cooperación en la transparencia e intercambio de información con otros países.

Esto es debido a que en un paraíso fiscal es relativamente sencillo ocultar la titularidad de empresas o cuentas bancarias, por lo que se ha optado simplemente por realizar operaciones en secreto.

Las principales acciones de los organismos internacionales son para ejercer presión sobre los gobiernos de los paraísos fiscales para tratar de conseguir que recorten sus leyes de confidencialidad y secreto bancario. La OCDE, el G-20 y el GAFI  son los organismos más activos en este terreno.

Están convencidos que una forma eficaz para una competencia tributaria más justa, es superar la falta de intercambio de información entre los países, no solo de los llamados paraísos fiscales sino hasta de aquellos que presentan regímenes fiscales preferenciales. Para ello se ha proporcionado asistencia técnica y también se fijaron estándares para que por un lado se respeten los derechos de los individuos y empresas a la confidencialidad, pero por otro se pueda brindar la información de interés fiscal a los países. La tarea no parece fácil, pues los datos personales de propietarios y accionistas de empresas no figuran en los registros públicos, o bien se permite el empleo de representantes, además los datos de los titulares de las cuentas bancarias solo se facilitan a las autoridades si existen evidencias de delitos graves.

Como parte de la asistencia técnica, los organismos internacionales ofrecen modelos de convenios o acuerdos de intercambio de información que cumplen con los estándares exigidos. Los acuerdos establecen en su mayoría el intercambio de información a petición, pero el objetivo es que en un futuro el intercambio sea automático, incluso en 2011 el G-20 declaró que el intercambio automático sería la regla internacional.

A pesar de lo anterior, la línea divisoria entre ser o no ser un paraíso fiscal es todavía difusa, puesto que a menudo responde más a intereses políticos y económicos que a criterios puramente objetivos.


Las reglas fiscales en México no son ya diseñadas en solitario por el poder ejecutivo, sino que también obedecen a metodologías y recomendaciones que la OCDE y organismos internacionales como el G20 establecen  para operaciones, tanto con partes relacionadas como con partes independientes  residentes en el extranjero.

La OCDE asumió  la preocupación de varios países sobre la evasión fiscal internacional que supone un riesgo para  el equilibrio fiscal de muchos Estados. Este organismo hizo público su “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting” en febrero de 2013, con el que  busca luchar contra la llamada planificación fiscal agresiva y propiciar la transparencia y el intercambio de información entre las Administraciones tributarias.

Posteriormente elaboró un plan de acción sobre “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS).El plan va dirigido a contrarrestar ciertas prácticas de las compañías multinacionales que se consideran hoy perniciosas, entre otras razones por las ventajas competitivas que les otorgan la propias legislaciones frente a compañías que solo operan localmente. Las  operaciones realizadas por estas multinacionales puedan estar amparadas por ley, sin embargo causan daños a la economía, por lo que es necesario replantear el marco actual de la tributación internacional.

Sobre esa base, el plan enumera quince líneas de actuación y describe el diseño y ejecución de las correspondientes medidas. Entre las ideas que contempla, destacan:

  1. cambios en las reglas actuales de la tributación internacional y modificaciones en los Modelos de Convenio para regular la economía digital. Se requiere revalorar las normas sobre precios de transferencia  y cambiar las reglas sobre la documentación en esta materia para permitir a todas las administraciones tributarias conocer los ingresos atribuidos y los impuestos pagados por las compañías del grupo en cada país
  2. modificaciones a los Convenios de Doble Imposición para luchar contra el fraude fiscal. Los convenios bilaterales deberían evitar tanto supuestos de doble imposición como de no imposición y modificar la definición de establecimiento permanente, especialmente en relación con las estructuras del comisionista. Existe la propuesta de un convenio multilateral, así como recomendaciones sobre cuándo carece de justificación la celebración de convenios bilaterales
  3. limitar la deducción de gastos financieros y la utilización de ciertos instrumentos financieros como forma para erosionar las  bases imponibles.

Bajo estas pautas los grupos multinacionales deberán observar sus estructuras, actividades e inversiones en el extranjero. Asimismo,  la planificación fiscal internacional no solo deberá limitarse a qué jurisdicciones o instrumentos jurídicos deben ser utilizados para conseguir el tratamiento fiscal más benéfico, sino también que las operaciones no se desvinculen de la realidad económica.

El  objetivo de los  BEPS se justifica, no obstante, el dilema que plantea para los fiscos es cómo conciliar el aumento de la recaudación con los principios de seguridad jurídica y legalidad.

El impacto de estas reglas en las decisiones del fisco mexicano ya dio sus primeros pasos con las reformas a ciertos preceptos de  la nueva  Ley del Impuesto sobre la Renta, así como en la política que recientemente anunció el SAT sobre auditorías a empresas que realizan planeaciones fiscales agresivas; falta la reacción del poder judicial ante las controversias que sin duda se presentarán. Todo es cuestión de tiempo.   

 


Tras la aprobación de la factura electrónica como única forma de comprobación fiscal, y la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos dentro de la reforma fiscal para 2014, las Pymes y los profesionistas independientes deberán enfrentar otro dilema:  la conservación de estos comprobantes y demás documentos en medios electrónicos.

Dicha conservación deberá efectuarse de manera que se asegure su legibilidad en el formato original en el que se haya recibido o remitido de tal manera que se garantice la autenticidad de su origen.

Si bien la factura electrónica facilita los flujos de información, su almacenamiento y conservación debe ser debidamente dimensionado no solo para efectos fiscales sino para cualquier controversia en tribunales. No todas las empresas, incluso las más grandes, están preparadas para almacenar digitalmente su contabilidad, la casuística real puede ser muy variada, por lo que urge que las autoridades establezcan reglas que permitan visualizar y unificar la manera de hacerlo.

Es fundamental que la información electrónica no sólo sea conservada, sino también accesible lo más fácilmente posible, para favorecer así su mejor circulación: incluso después su uso corriente, la información electrónica puede utilizarse en el marco de investigaciones estadísticas, científicas o comerciales.

La migración de papel a electrónico como obligación fiscal  se constituye en un elemento básico en la  operación comercial, más cuando puede dejar a fuera de una negociación a cualquier empresa.

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Hoy en día se habla más del poder de ciertos grupos de influencia en el gobierno. Incluso se utiliza el término lobbycracia para referirse a la influencia que ejercen los conglomerados y grupos de interés en los centros de decisión. En  Estados Unidos este fenómeno ha llamado más la atención, particularmente a raíz de escándalos de soborno de diversos legisladores.

Por lobby entendemos aquel grupo de presión, que trata de defender unos intereses determinados de forma legítima y legal. Por tanto, puede haber tantos lobbies como intereses. La Comunidad Europea ha establecido un registro voluntario de estos grupos bajo cuatro capítulos: un primer para consultoras profesionales y gabinetes de abogados, que actúan ante las instituciones de la Unión Europea, un segundo para departamentos internos de la empresa y asociaciones profesionales, otro para las ONG y grupos de reflexión o también denominados think tanks, y el último para los denominados “otros organismos”.

Un think tank o tanque de pensamiento es una institución investigadora u otro tipo de organización que ofrece consejos e ideas sobre asuntos de política, comercio e intereses militares. El nombre proviene del inglés, algunos medios en español utilizan la expresión “fábrica de ideas”.

Los think tank a menudo están relacionados con laboratorios militares, empresas privadas, instituciones académicas o de otro tipo. Se trata de organizaciones en las que trabajan varios teóricos e intelectuales multidisciplinarios que elaboran análisis o recomendaciones políticas. Un think tank tiene estatus legal de institución privada (normalmente en forma de fundación no comercial). Los think tanks defienden diversas ideas. Sus trabajos tienen habitualmente un peso importante en la política, particularmente en Estados Unidos.

En México, existen algunos, entre ellos se encuentran: El Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social (COMDES), el Centro Nacional para el Desarrollo Económico (CNDE), Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), FUNDAR, Transparencia Mexicana, por citar algunos. En nuestro país son relativamente nuevos, pero se encuentran ganando influencia y muchas de sus ideas han tenido impacto efectivo en políticas públicas.

La carencia de legislación que los regule hace que en determinadas circunstancias, ciertos grupos actúen con métodos económicos no muy ortodoxos, pero son muchos los lobbies que en el mundo actúan dentro del marco de la legalidad y consiguen ganar muchas batallas por intereses ajenos.

En España algunas firmas de abogados ingresan más de cien millones de euros por su trabajo ‘lobbista’. La cifra no es del todo real, ya que en la contratación de un despacho influyen en gran medida los contactos que pueda proporcionar al cliente.

Las acciones de los lobbies pueden modificar el marco legislativo para favorecer el desarrollo empresarial, ejerciendo presión, reivindicando o exponiendo situaciones reales del mercado a organismos del Gobierno. El resultado puede ser tremendamente positivo o desastroso para el interés público.

A efectos de regular el cabildeo, recientemente la Cámara de Diputados aprobó las adiciones a los artículos 264 y 265 de su Reglamento, con ello se estableció que:

  1. No podrán llevar cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
  2. El número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en dicha Cámara será de 20 por cada comisión y dos cada persona moral inscrita.

Sin bien con esto se regula en parte esta práctica, también lo es que, por la enorme desconfianza hacia el ejercicio  de los cargos públicos y de representación popular, podría resultar insuficiente.

La transparencia es la mejor fórmula para limitar la actuación de estos grupos en los procesos legislativos. Una de las formas de transparentar su actuación es la de incluir la llamada “huella legislativa”, para conocer las personas que han intervenido en el proceso legislativo.

 


Los ricos nunca han gozado de la admiración y aprecio de las mayorías. En parte esto se debe a que el éxito ajeno despierta uno de los sentimientos más torcidos que experimenta el ser humano: la envidia. La envidia es el fundamento último para que algunos consideren justo gravar cualquier manifestación de la riqueza en una búsqueda obsesiva de una igualdad material inexistente, incluso a expensas del bienestar general.

Así para abatir la pobreza y la desigualdad parecería que la única alternativa es una sociedad donde todos tengan poco en cantidades muy iguales; no se tolera las ventajas ajenas aun cuando estas conduzcan al beneficio general. Bajo esta estructura  se puede aniquilar la diversidad de talentos y aptitudes  que inevitablemente conducen a resultados desiguales. El discurso de que paguen más impuestos quienes más tienen, en el fondo está caracterizado bajo este contexto.

El sistema tributario mexicano se ha manoseado tanto en los últimos años que resulta enredado e injusto para todos, incluyendo a los que se pretende proteger. A nadie nos agrada pagar impuestos, pero esto no es una limosna en la que cada quien aporta lo quiere. Si lo que se pretende es gravar a quien más tiene, por qué entonces la reforma vuelve a gravar al trabajo y no al capital.

Señala Montesquieu no hay Estado en los que haya más necesidad de tributos que en aquellos que se debilitan, de tal suerte, que están obligados a aumentar las cargas a medida que se encuentran en inferiores condiciones.

Bajo las pretensiones de nuestros gobernantes, la reforma fiscal para 2014 pretendería gravar a los ricos, sin embargo nuevamente la carga fiscal recae en la clase media cautiva. También fortalece de manera desmedida las facultades de las autoridades para fiscalizar.

En caso de los pequeños contribuyentes y de los emprendedores no se presenta un régimen fiscal que realmente resulte atractivo para su incorporación a la formalidad.

En fin quizá el error de nosotros los contribuyentes estriba en pretender que una reforma fiscal tenga otro objetivo a aquel que siempre ha tenido: generar una fuente de ingresos para el gasto público; no así promover la inversión, abatir de la desigualdad, generar empleo y el buscar la mayor progresividad y equidad del sistema.


Dentro de las propuestas de Reformas Fiscales para 2014 que el Ejecutivo presentó al Congreso de la Unión se encuentran las reformas al Código Fiscal de la Federación.

En dichas reformas se contemplan las denominadas “revisiones electrónicas”, que implican la determinación de un crédito fiscal con base en  información y documentación que el SAT  tenga en su poder.

Para ello la autoridad emitirá una preliquidación la cual notificará al contribuyente vía buzón fiscal,  a partir de este momento se abrirá un procedimiento para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga  y aporte las pruebas necesarias para desvirtuar la liquidación presentada todo vía electrónica.

Una vez que se agoten los plazos que menciona el  Código, la preliquidación  será definitiva y el contribuyente  deberá pagar o en su caso impugnar, ya que la autoridad podrá ser efectivo el crédito mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

Bajo esta modalidad  se pretende reducir los plazos de revisión en un 60%  y enfocar las auditoría a rubros específicos.



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