El sistema de registro contable que ofrece el SAT a las microempresas del régimen de incorporación facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero no es suficiente para administrar un negocio.

Con las reformas al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación se establece que los registros y asientos contables se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento del ordenamiento mencionado y  la Resolución Miscelánea, además dicha información deberá ingresarse mensualmente a través de la página de Internet del SAT.  Bajo este contexto, aun cuando no ha entrado en pleno vigor la mencionada disposición, el SAT dio a conocer para los contribuyentes del nuevo régimen de incorporación, en su página web un sistema  de registro de ingresos con el cual se cumpliría con la obligación que señala el precepto indicado.

Lo anterior causa confusión en los microempresarios que pueden creer que el uso de este sistema cumple de manera cabal con la obligación  legal  de llevar una contabilidad, e incluso considerar que con utilizar dicho sistema es suficiente para controlar administrativamente su negocio. Nada más alejado de la realidad.

Es pertinente recordar que en términos de las disposiciones fiscales, los registros son solo una parte de lo que  conforma la contabilidad.  El propio artículo 28 del código tributario, establece una larga lista de documentos y procesos que se consideran  parte de ésta, los cuales deberán conservarse, e incluso digitalizarse en caso de requerirse en una auditoría electrónica.

Adicionalmente en el caso de comerciantes,  el Código de Comercio establece en sus artículos 33 al 38 la obligación de llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado que permita la preparación de estados financieros y seguir la huella de las operaciones realizadas en el negocio.

Por otra parte, no debemos olvidar que en caso de que el pequeño empresario tenga trabajadores deberá cumplir con los registros que la propia legislación laboral y de seguridad social imponen. Lo anterior nos permite afirmar que la obligación de llevar la contabilidad  en términos de las diferentes legislaciones  no se agota con el sistema del SAT.

Asimismo, la contabilidadno es únicamente una obligación legal, algo que debe llevarse porque no hay más remedio o un gasto que  se trata de evitar por todos los medios.

La contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la misma, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella.
Es mucho más que  libros y estados financieros que se tienen para presentárselos a las diferentes autoridades administrativas que lo puedan solicitar.
Tener el conocimiento global la empresa, y de cómo funciona, permite el empresario tomar mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles, o poder prever grandes oportunidades que de otra manera no puede avizorar, y por consiguiente no podrá aprovechar.

La contabilidad  y sus registros tienen su origen en la operación misma de la empresa y no debe su existencia a las disposiciones fiscales, más bien la contabilidad fiscal es una parte de lo que la empresa debe llevar si se desea un buen control de su operación.


El concepto de paraíso fiscal ha evolucionado, pero no todos los países han adoptados los nuevos estándares,  lo que dificulta la fiscalización de las inversiones realizadas en los mismos.

Los paraísos fiscales han atraído siempre a inversionistas. Generalmente se trata de ciudadanos y empresas que buscan condiciones tributarias más favorables. Esta fuga de capitales no es vista con buenos ojos por los responsables fiscales de los países que la sufren. Por ello han tratado de reaccionar con diferentes medidas que dificultan y tratan de hacer poco atractiva la transferencia de activos a estos países.

Sin embargo, la globalización de la economía hace muy difícil ejercer un control eficiente, y las medidas legales tomadas, que normalmente consisten en un tratamiento fiscal poco favorable de las inversiones en paraísos fiscales, tampoco han dado los resultados esperados.

Entre los problemas que enfrentan los países para atacar este fenómeno es la falta de unanimidad en la definición de lo que se considera paraíso fiscal e, incluso, la ausencia de una terminología unificada para implementar mecanismos de protección tributaria, ya que en algunas legislaciones se crearon listas de los países considerados paraísos y en otras los identifican por ciertas características, e inclusive bajo este parámetro surgen discrepancias.

Aun organismos internacionales, como la OCDE, no han sido uniformes en definir este concepto. En 1987, la OCDE consideraba que un país o territorio calificaba como paraíso fiscal cuando ofrecía prácticas fiscales perjudiciales por la competencia que suponían para otros países. Para 1998, este organismo estableció ciertos criterios para calificar a  un país como paraíso fiscal:

  1. Ausencia de impuestos
  2. Carencia de intercambio efectivo de información
  3. Falta de transparencia en la aplicación de las normas administrativas o legislativas
  4. No exigencia de actividades reales a empresas o personas físicas domiciliadas en su territorio

En 2001, la OCDE señaló que los paraísos fiscales no serian observados propiamente por su sistema tributario, sino por su grado de cooperación en la transparencia e intercambio de información con otros países.

Esto es debido a que en un paraíso fiscal es relativamente sencillo ocultar la titularidad de empresas o cuentas bancarias, por lo que se ha optado simplemente por realizar operaciones en secreto.

Las principales acciones de los organismos internacionales son para ejercer presión sobre los gobiernos de los paraísos fiscales para tratar de conseguir que recorten sus leyes de confidencialidad y secreto bancario. La OCDE, el G-20 y el GAFI  son los organismos más activos en este terreno.

Están convencidos que una forma eficaz para una competencia tributaria más justa, es superar la falta de intercambio de información entre los países, no solo de los llamados paraísos fiscales sino hasta de aquellos que presentan regímenes fiscales preferenciales. Para ello se ha proporcionado asistencia técnica y también se fijaron estándares para que por un lado se respeten los derechos de los individuos y empresas a la confidencialidad, pero por otro se pueda brindar la información de interés fiscal a los países. La tarea no parece fácil, pues los datos personales de propietarios y accionistas de empresas no figuran en los registros públicos, o bien se permite el empleo de representantes, además los datos de los titulares de las cuentas bancarias solo se facilitan a las autoridades si existen evidencias de delitos graves.

Como parte de la asistencia técnica, los organismos internacionales ofrecen modelos de convenios o acuerdos de intercambio de información que cumplen con los estándares exigidos. Los acuerdos establecen en su mayoría el intercambio de información a petición, pero el objetivo es que en un futuro el intercambio sea automático, incluso en 2011 el G-20 declaró que el intercambio automático sería la regla internacional.

A pesar de lo anterior, la línea divisoria entre ser o no ser un paraíso fiscal es todavía difusa, puesto que a menudo responde más a intereses políticos y económicos que a criterios puramente objetivos.


Las reglas fiscales en México no son ya diseñadas en solitario por el poder ejecutivo, sino que también obedecen a metodologías y recomendaciones que la OCDE y organismos internacionales como el G20 establecen  para operaciones, tanto con partes relacionadas como con partes independientes  residentes en el extranjero.

La OCDE asumió  la preocupación de varios países sobre la evasión fiscal internacional que supone un riesgo para  el equilibrio fiscal de muchos Estados. Este organismo hizo público su “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting” en febrero de 2013, con el que  busca luchar contra la llamada planificación fiscal agresiva y propiciar la transparencia y el intercambio de información entre las Administraciones tributarias.

Posteriormente elaboró un plan de acción sobre “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS).El plan va dirigido a contrarrestar ciertas prácticas de las compañías multinacionales que se consideran hoy perniciosas, entre otras razones por las ventajas competitivas que les otorgan la propias legislaciones frente a compañías que solo operan localmente. Las  operaciones realizadas por estas multinacionales puedan estar amparadas por ley, sin embargo causan daños a la economía, por lo que es necesario replantear el marco actual de la tributación internacional.

Sobre esa base, el plan enumera quince líneas de actuación y describe el diseño y ejecución de las correspondientes medidas. Entre las ideas que contempla, destacan:

  1. cambios en las reglas actuales de la tributación internacional y modificaciones en los Modelos de Convenio para regular la economía digital. Se requiere revalorar las normas sobre precios de transferencia  y cambiar las reglas sobre la documentación en esta materia para permitir a todas las administraciones tributarias conocer los ingresos atribuidos y los impuestos pagados por las compañías del grupo en cada país
  2. modificaciones a los Convenios de Doble Imposición para luchar contra el fraude fiscal. Los convenios bilaterales deberían evitar tanto supuestos de doble imposición como de no imposición y modificar la definición de establecimiento permanente, especialmente en relación con las estructuras del comisionista. Existe la propuesta de un convenio multilateral, así como recomendaciones sobre cuándo carece de justificación la celebración de convenios bilaterales
  3. limitar la deducción de gastos financieros y la utilización de ciertos instrumentos financieros como forma para erosionar las  bases imponibles.

Bajo estas pautas los grupos multinacionales deberán observar sus estructuras, actividades e inversiones en el extranjero. Asimismo,  la planificación fiscal internacional no solo deberá limitarse a qué jurisdicciones o instrumentos jurídicos deben ser utilizados para conseguir el tratamiento fiscal más benéfico, sino también que las operaciones no se desvinculen de la realidad económica.

El  objetivo de los  BEPS se justifica, no obstante, el dilema que plantea para los fiscos es cómo conciliar el aumento de la recaudación con los principios de seguridad jurídica y legalidad.

El impacto de estas reglas en las decisiones del fisco mexicano ya dio sus primeros pasos con las reformas a ciertos preceptos de  la nueva  Ley del Impuesto sobre la Renta, así como en la política que recientemente anunció el SAT sobre auditorías a empresas que realizan planeaciones fiscales agresivas; falta la reacción del poder judicial ante las controversias que sin duda se presentarán. Todo es cuestión de tiempo.   

 


Tras la aprobación de la factura electrónica como única forma de comprobación fiscal, y la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos dentro de la reforma fiscal para 2014, las Pymes y los profesionistas independientes deberán enfrentar otro dilema:  la conservación de estos comprobantes y demás documentos en medios electrónicos.

Dicha conservación deberá efectuarse de manera que se asegure su legibilidad en el formato original en el que se haya recibido o remitido de tal manera que se garantice la autenticidad de su origen.

Si bien la factura electrónica facilita los flujos de información, su almacenamiento y conservación debe ser debidamente dimensionado no solo para efectos fiscales sino para cualquier controversia en tribunales. No todas las empresas, incluso las más grandes, están preparadas para almacenar digitalmente su contabilidad, la casuística real puede ser muy variada, por lo que urge que las autoridades establezcan reglas que permitan visualizar y unificar la manera de hacerlo.

Es fundamental que la información electrónica no sólo sea conservada, sino también accesible lo más fácilmente posible, para favorecer así su mejor circulación: incluso después su uso corriente, la información electrónica puede utilizarse en el marco de investigaciones estadísticas, científicas o comerciales.

La migración de papel a electrónico como obligación fiscal  se constituye en un elemento básico en la  operación comercial, más cuando puede dejar a fuera de una negociación a cualquier empresa.

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Hoy en día se habla más del poder de ciertos grupos de influencia en el gobierno. Incluso se utiliza el término lobbycracia para referirse a la influencia que ejercen los conglomerados y grupos de interés en los centros de decisión. En  Estados Unidos este fenómeno ha llamado más la atención, particularmente a raíz de escándalos de soborno de diversos legisladores.

Por lobby entendemos aquel grupo de presión, que trata de defender unos intereses determinados de forma legítima y legal. Por tanto, puede haber tantos lobbies como intereses. La Comunidad Europea ha establecido un registro voluntario de estos grupos bajo cuatro capítulos: un primer para consultoras profesionales y gabinetes de abogados, que actúan ante las instituciones de la Unión Europea, un segundo para departamentos internos de la empresa y asociaciones profesionales, otro para las ONG y grupos de reflexión o también denominados think tanks, y el último para los denominados “otros organismos”.

Un think tank o tanque de pensamiento es una institución investigadora u otro tipo de organización que ofrece consejos e ideas sobre asuntos de política, comercio e intereses militares. El nombre proviene del inglés, algunos medios en español utilizan la expresión “fábrica de ideas”.

Los think tank a menudo están relacionados con laboratorios militares, empresas privadas, instituciones académicas o de otro tipo. Se trata de organizaciones en las que trabajan varios teóricos e intelectuales multidisciplinarios que elaboran análisis o recomendaciones políticas. Un think tank tiene estatus legal de institución privada (normalmente en forma de fundación no comercial). Los think tanks defienden diversas ideas. Sus trabajos tienen habitualmente un peso importante en la política, particularmente en Estados Unidos.

En México, existen algunos, entre ellos se encuentran: El Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social (COMDES), el Centro Nacional para el Desarrollo Económico (CNDE), Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), FUNDAR, Transparencia Mexicana, por citar algunos. En nuestro país son relativamente nuevos, pero se encuentran ganando influencia y muchas de sus ideas han tenido impacto efectivo en políticas públicas.

La carencia de legislación que los regule hace que en determinadas circunstancias, ciertos grupos actúen con métodos económicos no muy ortodoxos, pero son muchos los lobbies que en el mundo actúan dentro del marco de la legalidad y consiguen ganar muchas batallas por intereses ajenos.

En España algunas firmas de abogados ingresan más de cien millones de euros por su trabajo ‘lobbista’. La cifra no es del todo real, ya que en la contratación de un despacho influyen en gran medida los contactos que pueda proporcionar al cliente.

Las acciones de los lobbies pueden modificar el marco legislativo para favorecer el desarrollo empresarial, ejerciendo presión, reivindicando o exponiendo situaciones reales del mercado a organismos del Gobierno. El resultado puede ser tremendamente positivo o desastroso para el interés público.

A efectos de regular el cabildeo, recientemente la Cámara de Diputados aprobó las adiciones a los artículos 264 y 265 de su Reglamento, con ello se estableció que:

  1. No podrán llevar cabo actividades de cabildeo los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, así como sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
  2. El número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en dicha Cámara será de 20 por cada comisión y dos cada persona moral inscrita.

Sin bien con esto se regula en parte esta práctica, también lo es que, por la enorme desconfianza hacia el ejercicio  de los cargos públicos y de representación popular, podría resultar insuficiente.

La transparencia es la mejor fórmula para limitar la actuación de estos grupos en los procesos legislativos. Una de las formas de transparentar su actuación es la de incluir la llamada “huella legislativa”, para conocer las personas que han intervenido en el proceso legislativo.

 


Los ricos nunca han gozado de la admiración y aprecio de las mayorías. En parte esto se debe a que el éxito ajeno despierta uno de los sentimientos más torcidos que experimenta el ser humano: la envidia. La envidia es el fundamento último para que algunos consideren justo gravar cualquier manifestación de la riqueza en una búsqueda obsesiva de una igualdad material inexistente, incluso a expensas del bienestar general.

Así para abatir la pobreza y la desigualdad parecería que la única alternativa es una sociedad donde todos tengan poco en cantidades muy iguales; no se tolera las ventajas ajenas aun cuando estas conduzcan al beneficio general. Bajo esta estructura  se puede aniquilar la diversidad de talentos y aptitudes  que inevitablemente conducen a resultados desiguales. El discurso de que paguen más impuestos quienes más tienen, en el fondo está caracterizado bajo este contexto.

El sistema tributario mexicano se ha manoseado tanto en los últimos años que resulta enredado e injusto para todos, incluyendo a los que se pretende proteger. A nadie nos agrada pagar impuestos, pero esto no es una limosna en la que cada quien aporta lo quiere. Si lo que se pretende es gravar a quien más tiene, por qué entonces la reforma vuelve a gravar al trabajo y no al capital.

Señala Montesquieu no hay Estado en los que haya más necesidad de tributos que en aquellos que se debilitan, de tal suerte, que están obligados a aumentar las cargas a medida que se encuentran en inferiores condiciones.

Bajo las pretensiones de nuestros gobernantes, la reforma fiscal para 2014 pretendería gravar a los ricos, sin embargo nuevamente la carga fiscal recae en la clase media cautiva. También fortalece de manera desmedida las facultades de las autoridades para fiscalizar.

En caso de los pequeños contribuyentes y de los emprendedores no se presenta un régimen fiscal que realmente resulte atractivo para su incorporación a la formalidad.

En fin quizá el error de nosotros los contribuyentes estriba en pretender que una reforma fiscal tenga otro objetivo a aquel que siempre ha tenido: generar una fuente de ingresos para el gasto público; no así promover la inversión, abatir de la desigualdad, generar empleo y el buscar la mayor progresividad y equidad del sistema.


Dentro de las propuestas de Reformas Fiscales para 2014 que el Ejecutivo presentó al Congreso de la Unión se encuentran las reformas al Código Fiscal de la Federación.

En dichas reformas se contemplan las denominadas “revisiones electrónicas”, que implican la determinación de un crédito fiscal con base en  información y documentación que el SAT  tenga en su poder.

Para ello la autoridad emitirá una preliquidación la cual notificará al contribuyente vía buzón fiscal,  a partir de este momento se abrirá un procedimiento para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga  y aporte las pruebas necesarias para desvirtuar la liquidación presentada todo vía electrónica.

Una vez que se agoten los plazos que menciona el  Código, la preliquidación  será definitiva y el contribuyente  deberá pagar o en su caso impugnar, ya que la autoridad podrá ser efectivo el crédito mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

Bajo esta modalidad  se pretende reducir los plazos de revisión en un 60%  y enfocar las auditoría a rubros específicos.


Esta figura jurídica consiste en recibir el acreedor, con su consentimiento, un objeto distinto como pago de la prestación debida, poniendo fin a la obligación.

El Código Civil Federal de México trata el tema en los artículos 2095 y 2096, donde se explica que queda extinguida la obligación o deuda cuando el acreedor recibe una cosa distinta de la debida .

En la legislación europea como en la anglosajona no existe la dación en pago  obligatoria. En la mayoría de países como en México es algo voluntario, que se pacta entre deudor y acreedor.

Sin embargo, España podría ser el primer país en establecer la obligatoriedad de la dación en pago tratándose de créditos hipotecarios de casa habitación, dada la crisis económica por la que atraviesa.

La adopción de la figura ha generado gran controversia por las implicaciones en el mercado de crédito.

London Economics, una consultora británica, presentó un informe en el que analiza las posibles opciones que existen para las familias endeudadas que no pueden hacer frente a sus créditos pendientes. La principal conclusión a que llega el estudio es que casi todos los países tienen vigente cierta normatividad que permite que los deudores puedan reestructurar sus deudas sin que por ello se violente la seguridad jurídica o interfiera en el mercado de crédito.

En general existen  tres grandes modelos para hacer frente a problemas de pago de deudas:

  1. El modelo alemán: con un conjunto de reglas fijas a las que debe adaptarse el deudor en problemas. El cual lo retoman varias legislaciones latinoamericanas incluyendo la mexicana.
  2. El modelo francés: en el que los jueces tienen una cierta capacidad de decisión, analizando caso por caso, las necesidades y posibilidades del deudor.
  3. El modelo nórdico: en el que el deudor tiene que pasar una especie de código que certifique no se endeudo de mala fe y que es cierto su estado de necesidad.

El modelo francés no es el más recomendado, ya que el proceso con presencia de un juez es más largo e incluso más caro. La recomendación va en la línea del modelo alemán: es importante considerar que entre más duren las negociaciones será mucho más difícil que el deudor enfrente su deuda y que el acreedor recupere lo prestado.

La figura de dación en pago se vuelve popular principalmente cuando se enfrentan crisis económicas, y en específico en relación con deudas hipotecarias, pero existen diversos adeudos en los que se puede aplicar. El considerar la dación en pago como un derecho automático del deudor, y no como un acuerdo entre las partes involucradas, puede afectar el crédito e incluso desaparecerlo.

La cancelación de deudas, no debería ser un derecho automático, sino una consecuencia de la situación de necesidad a la que llegue un deudor de buena fe. Lo mejor sería alcanzar un compromiso entre deudor y acreedor. En cualquier caso, el procedimiento debería ser rápido y eficiente por el bien de las partes involucradas.


El primer paso para iniciar una política de privacidad de datos es que la empresa detecte que bases de datos tiene, para qué pide esos datos y qué tan necesarios son para su operación.

Hoy en día, el almacenamiento de datos personales es un riesgo para las empresas. La solución es minimizar la información que se mantiene sobre los clientes: conservar los datos que la empresa necesita para su ventaja competitiva y eliminar el resto.

El problema de la acumulación de datos es que las empresas no usan la mayor parte de la información que han almacenado. El riesgo y el costo de la invasión de una base de datos se han incrementado considerablemente por cuestiones no solo de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares, sino también ante la posibilidad de demandas por daños, además que ante la divulgación de una violación de los datos de una empresa, ésta pierde parte de su clientela.

Las empresas arriesgan innecesariamente su reputación al acumular datos que le proporcionan pocos beneficios para su negocio.

El verdadero desafio en el momento de establecer políticas sobre la materia, consiste en descubrir la información que se debe retener sobre el cliente; solo se puede minimizar el volumen de datos después de saber qué información se necesita para saber el comportamiento del consumidor y qué hacer con ella.

No debemos olvidar que el mantenimiento de los datos almacenados tiene costos elevados, porque es preciso protegerlos todo el tiempo que se posean como responsables de los mismos. Las áreas de mercadotecnia, recursos humanos y la jurídica tendrán que llegar a un consenso sobre los datos a recolectar y conservar.

Esto permitirá a la empresa segmentar mejor sus bases, y así elaborar a la medida los avisos de privacidad que se requieren acordes a las necesidades de la empresa y con plena observancia de la ley en la materia.

Una vez detectas las necesidades de información sobre los clientes se deberán establecer las políticas de recolección y depuración de datos, para posteriormente armonizar las disposiciones legales en la materia con lo que se tiene.

Así el cumplimiento de las disposiciones legales sobre privacidad será más sencilla e incluso ayudará a mejorar la imagen de la empresa.


Hace poco se dio a conocer la imposición de multas millonarias a  diversas empresas por violaciones a la Ley Federal de Protección Datos en Posesión de Particulares.

Cuando esto se presenta se encienden las alertas en las empresas ante la posibilidad de que puedan ser sujetas a la imposición de multas por la inobservancia de la ley.

El IFAI ha realizado desde hace más de dos años una campaña para difundir las bondades, beneficios y las obligaciones que como empresa se tienen en la materia.

Aún así mucha gente creyó que esta ley era decorativa, incluso se afirmó que nunca llegaría a aplicarse. Para sorpresa de todos, la ley que regula la protección de datos personales está vigente y viva.

Las multas impuestas derivan de la inobservancia de los principios básicos que protegen los datos, entre ellos, el:

  1. de información. No informar sobre el tratamiento que serían sometidos los datos
  2. del consentimiento. Por no recabar el consentimiento para el tratamiento de datos sensibles (financieros)

Asimismo por la elaboración incorrecta de los avisos de privacidad y la falta de respeto a los llamados derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación  y oposición). Llama  la atención que las multas tienen su origen en procedimientos iniciados por denuncias de particulares, lo que nos permite afirmar que será esta la vía que presionará a las empresas para que adquieran el compromiso de respetar la ley.

De igual manera, las acciones del IFAI rompen un mito muy importante al imponer una sanción a un médico, ya que varios  profesionistas independientes consideraban no estar sujetos a esta normatividad. Hoy se confirma que los abogados, notarios, doctores, dentistas, contadores, asesores financieros e ingenieros, etc., todos estamos obligados a cumplir con la ley.

Otro mito que se romperá en breve es el relativo a las pequeñas empresas, las cuales se creen excluidas de la regulación de esta ley, sin embargo son las más vulnerables a la imposición de sanciones por desconocimiento de la misma o indiferencia a su incumplimiento.

El argumento más expresado por estas últimas, es la falta de recursos; justificación que si bien es válida resulta débil ante la posibilidad de sanciones que pudieran poner en riesgo el patrimonio mismo de la organización.

Las estadísticas demuestran que a la fecha un gran número de empresas no han realizado las acciones necesarias para proteger los datos, ignorando un principio elemental de sobrevivencia comercial; hoy la oferta de servicios está basada en el contexto del usuario y para ello se requieren más información de nuestros clientes. Así la protección de datos no es solo una cuestión legal, sino abre la posibilidad de mejorar la oferta y hacer la diferencia en el mercado.

El reto de las empresas es conciliar la realidad de la empresa con la ley; observar la compatibilidad de los requisitos legales con la infraestructura y ante todo capacitar y sensibilizar a directivos y empleados sobre la importancia del tema.

Si su empresa o negocio no ha iniciado el proceso para verificar si cumple o no con la normatividad en la materia, sería importante que ejecutara las siguientes líneas de acción:

  1. Detectar las bases de datos que tiene. Lo más importante es saber de dónde las obtiene y para qué
  2. Revisar o emitir de los avisos de privacidad. Esta obligación está vigente desde julio de 2011 y puede apoyarse en los formatos que el IFAI dio a conocer, disponibles en su página de Internet
  3. Analizar los contratos y acuerdos que se tienen para detectar los posibles riesgos
  4. Constituir o designar al responsable de los datos personales para que pueda dar seguimiento a los acuerdos que se tomen y que sea el encargo de enfrentar ante la autoridad cualquier contingencia
  5. Señalar las posibles medidas de seguridad y recomendaciones a las diferentes áreas de empresa
  6. Crear la ventanilla de atención a los derechos ARCO, esta obligación está vigente desde enero de 2012
  7. Elaborar modelos o machotes para atender el ejercicio de los derechos ARCO
  8. Capacitar de manera permanente al personal de la empresa sobre la materia


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